Sucesos. Uno de los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa pide anular su sentencia y volver a juicio

La defensa de Lucas Pertossi, uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa en 2020 en Villa Gesell, presentó recientemente un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando la nulidad de su condena y la realización de un nuevo juicio oral.

Pertossi fue sentenciado en febrero de 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores a 15 años de prisión como partícipe secundario (o partícipe necesario, según algunas fuentes) del homicidio doblemente agravado por premeditación de dos o más personas y alevosía (aunque este último agravante fue descartado en instancias posteriores de apelación).

Es uno de los tres rugbiers que recibieron esta pena (junto a Blas Cinalli y Ayrton Viollaz), mientras que los otros cinco (Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli) recibieron prisión perpetua como coautores.

La nueva defensa de Pertossi, a cargo del abogado Ignacio Nolfi (de la Defensoría de Casación bonaerense), argumenta que durante el proceso hubo una vulneración grave del derecho de defensa en juicio (protegido por el artículo 18 de la Constitución Nacional).

Entre las principales razones expuestas en el planteo (que varios medios resumen en siete puntos clave) se destacan:

• Indefensión manifiesta por parte de su abogado original, Hugo Tomei, quien representó a varios imputados simultáneamente.
• Intereses contrapuestos entre los acusados al compartir una misma estrategia de defensa grupal, pese a que los roles en el hecho eran diferentes (Pertossi no fue visto golpeando directamente a la víctima, pero se lo vincula por filmar la agresión, reírse y enviar mensajes como "caducó").
• Falta de una defensa técnica independiente y personalizada para Pertossi, lo que generó una situación de indefensión.
• Irregularidades procesales que afectaron las garantías constitucionales.

El recurso pide que se declare nula la sentencia (y todo lo actuado desde el momento de la supuesta indefensión) y se ordene un nuevo debate oral con plenas garantías.

También solicita que se remitan las actuaciones principales del expediente, incluidas las grabaciones del juicio.

Esta presentación es reciente (febrero de 2026) y surge después que la Cámara de Casación bonaerense confirmara las condenas en 2024 (aunque con algunos ajustes en los agravantes).

La Corte Suprema aún no se pronunció al respecto, por lo que el caso sigue en trámite en esa instancia máxima.

El planteo generó controversia inmediata en redes y medios, con reacciones divididas: algunos lo ven como un intento legítimo de revisar irregularidades procesales, mientras que otros lo consideran inaceptable dada la gravedad del crimen y las pruebas existentes.

La familia de Fernando Báez Sosa y la querella han mantenido una postura firme a favor de las condenas.