26 de febrero de 2026
Con apoyo de aliados y gobernadores cordilleranos como telón de fondo, el Gobierno consiguió 40 votos para avanzar con cambios que redefinen qué áreas periglaciares quedan protegidas. Hubo incidentes afuera del Congreso y un debate cruzado por minería, agua y "seguridad jurídica".
El Senado dio este jueves un paso clave para la agenda minera del Gobierno: el oficialismo aprobó con media sanción la reforma de la Ley de Glaciares y dejó el proyecto listo para desembarcar en Diputados cuando arranquen las sesiones ordinarias. La votación terminó con una escena de celebración en los palcos, donde altos funcionarios libertarios siguieron la sesión de cerca.
La iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención. En una de las galerías del recinto celebraron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.
El aval legislativo era una promesa del Ejecutivo a gobernadores de provincias cordilleranas, interesados en una norma "más dinámica" para destrabar inversiones en minería e hidrocarburos.
La previa de la sesión tuvo tensión en las inmediaciones del Congreso. Hubo incidentes que terminaron con una docena de activistas de Greenpeace detenidos, luego de que intentaran saltar las rejas con la intención de alterar el desarrollo del debate.
Además, se registró un episodio de represión a un camarógrafo de A24 cuando intentaba filmar los ataques con gas pimienta.
El proyecto modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. El objetivo central es redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir actividad económica en determinadas áreas periglaciares hoy blindadas para proyectos extractivos e industriales.
La iniciativa introduce una precisión al hablar de "formas periglaciares" y propone distinguir entre las que funcionan como "reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas" y aquellas que no necesariamente cumplen ese rol.
En los hechos, la nueva redacción implicaría que no todo el ambiente periglaciar quedaría protegido: la salvaguarda se concentraría en las formaciones con función hídrica comprobable.
La norma actual (2010) protege tanto glaciares visibles como formaciones periglaciares compuestas por suelos congelados con agua dulce, rocas y sedimentos: ecosistemas de alta montaña que cumplen un rol relevante en la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico.

El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección quedará a cargo del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), con coordinación de la Secretaría de Energía, que pasa a ser la autoridad de aplicación.
Ese inventario deberá individualizar glaciares y formas periglaciares y, en este segundo caso, diferenciar cuáles cumplen función hídrica y cuáles no.
La reforma mantiene la prohibición para actividades económicas sobre glaciares. Entre las actividades prohibidas -las que "alteran de modo relevante la condición natural" o el valor hídrico- se incluyen las que liberen sustancias contaminantes; obras de infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales.
En cambio, se sostienen como permitidas las investigaciones científicas, tareas de rescate y deportes no motorizados como andinismo y escalada.

El oficialismo defendió la reforma como una corrección técnica para eliminar zonas grises. El senador de La Libertad Avanza Agustín Coto sostuvo que la reforma "responde a la necesidad de armonizar la normativa" y afirmó: "Además, se mantienen todas las actividades prohibidas en los glaciares y el ambiente periglaciar. Se está resolviendo un asunto que este mismo Senado planteó desde diferentes espacios políticos".
Desde el peronismo, el pampeano Daniel Pablo Bensusán pidió "discutir de cara a la gente" y advirtió: "Estamos discutiendo si intereses económicos en unas pocas provincias van a ser superiores al interés que tenemos todos los argentinos en el medio ambiente y en el agua".
El chubutense Carlos Linares afirmó que "sin consenso social no se puede cambiar una ley" y lanzó: "La minera trae riqueza para pocos, no para el pueblo argentino".
En la misma línea crítica, Alicia Kirchner alertó que "con este proyecto hay retroceso institucional" y reclamó: "El agua es un recurso estratégico, si quieren hacer las cosas bien, el proyecto tiene que volver a comisión porque no tiene seguridad jurídica".
Del lado libertario, el sanjuanino Bruno Olivera sostuvo que "es enemigo de una buena práctica ambiental tener una ambigüedad jurídica como la que tenemos con la actual Ley de Glaciares" y argumentó: "Esta ley viene a terminar con esa ambigüedad, vamos a proteger mejor el agua y así habilitar el desarrollo de las provincias".
El rionegrino Martín Soria la calificó como "una reforma ideológica, totalmente servil" y advirtió que el objetivo sería profundizar un modelo de país exportador de recursos naturales: "Lo que el oficialismo pretende a través de esta reforma totalmente ideológica es una Argentina reducida a la exportación de recursos naturales en bruto".

Uno de los discursos más comentados fue el de Luis Juez, que explicó por qué votó distinto a 2010 y lanzó: "Esta ley no vulnera ninguna de las garantías que en aquel momento se consagraron. Digo esto para los que hacen terrorismo ecológico".
También afirmó: "No soy un falso, un cínico ni un hipócrita", y apuntó contra el peronismo: "Hoy pareciera que vivieran en un iglú en medio de un glaciar, rodeados de pingüinos. Todos defensores de los glaciares y de los periglaciares".
El cierre del oficialismo estuvo a cargo de Patricia Bullrich, que pidió terminar con una dicotomía que, dijo, trabó inversiones. "Terminemos con la falsa elección. No es agua o trabajo", afirmó.
Y sostuvo que "no se toca la columna vertebral de la ley", porque los glaciares siguen como bienes de interés público y reservas estratégicas con protección total. En ese marco, defendió la idea de un ambientalismo con reglas y control: "El verdadero ambientalismo del siglo XXi no es un ambientalismo que prohíba", sino uno con "tecnología, controles, transparencia y previsibilidad".
Con la media sanción conseguida, el proyecto ahora pasa a Diputados, donde el oficialismo buscará convertir en ley una reforma que ya abrió un debate áspero entre desarrollo minero y protección ambiental.
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