País. Santa Fe: Escándalo de corrupción en obra pública salpica a senador cercano a Pullaro

Un nuevo episodio de controversia en la gestión de obra pública en Santa Fe tuvo lugar en las últimas horas, cuando una denuncia formal elevó ante el Ministerio Público de la Acusación la solicitud de investigar al senador Oscar Dolzani por supuestas maniobras vinculadas a un contrato estatal. El caso gira en torno a la obra denominada "Defensa contra Inundaciones y Estabilización de Barrancas (Zona Este)", un proyecto de infraestructura ejecutado en la localidad de San Javier mediante una unión transitoria de empresas (UTE) en la que participa la firma Obring S.A.

Según los documentos presentados, entre ellos una factura y un remito fechados el 27 de enero de 2026, se detalla la provisión de materiales y servicios por un total de 18.894.036,11 pesos desde un establecimiento comercial identificado como "Corralón Dolzani" hacia una de las empresas que integran la UTE responsable de la obra. Este cruce de vínculos, según los denunciantes, abre interrogantes sobre un posible conflicto de intereses debido a que Dolzani mantiene influencia política directa en la zona donde se ejecuta el proyecto, que se financia con recursos públicos.

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La presentación judicial no solo alude a posibles conflictos de intereses, sino que también menciona delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y presuntas infracciones a normas de ética pública vigentes en la provincia de Santa Fe. Con la intención de determinar si existieron irregularidades en el desarrollo de la obra o en la provisión de insumos, los denunciantes solicitaron al organismo la realización de múltiples medidas probatorias. Entre ellas se encuentran informes comerciales y bancarios, peritajes contables y técnicos y el análisis de antecedentes administrativos vinculados al proyecto.

Maximiliano Pullaro junto al senador provincial Oscar Dolzani.

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En el plano político, esta denuncia impacta en el discurso del gobierno de Maximiliano Pullaro, quien ha destacado a las obras públicas como uno de los pilares de su gestión. Sin embargo, la aparición de estas acusaciones renueva la discusión sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos y alimenta críticas sobre posibles beneficios personales derivados de contratos estatales, tendencias que ya eran objeto de debate entre sectores opositores y analistas políticos.

El caso se suma a una compleja agenda de temas bajo escrutinio en Santa Fe, donde la ética pública, la rendición de cuentas y la relación entre política y empresas contratistas continúan siendo aspectos centrales en la discusión pública. La causa, en esta etapa incipiente, ahora queda en manos del Ministerio Público de la Acusación, que deberá determinar si existen fundamentos suficientes para avanzar con una investigación penal.