País. Río Negro: denuncian un tarifazo eléctrico y apuntan a Weretilneck por una audiencia exprés

La discusión por el precio de la electricidad en Río Negro escaló a nivel político y social, con un señalamiento directo al gobierno provincial de Alberto Weretilneck. Desde la oposición y el sector productivo sostienen que el Ejecutivo empuja un aumento que, en los hechos, podría trepar hasta el 64%, mientras acelera una audiencia pública que -denuncian- fue diseñada para limitar el debate y la participación.

Audiencia el día de sesión: la "emboscada tarifaria" que denuncian en Río Negro

El bloque peronista Vamos con Todos calificó de "emboscada tarifaria" la convocatoria del EPRE para una audiencia pública prevista para el viernes 27, la misma jornada en la que sesiona la Legislatura provincial. Para la oposición, esa superposición no es casual: busca que el tema pase rápido, con bajo costo político y menor visibilidad.

Además, advirtieron que el incremento en análisis podría tener efecto retroactivo, un punto particularmente sensible en un escenario de caída del consumo y presión sobre los ingresos.

El jefe de la bancada, José Luis Berros, sostuvo que la audiencia fue convocada "de manera exprés" y disparó: "No quieren discusión ni participación real. Estamos ante un nuevo golpe al bolsillo".

EDERSA bajo la lupa: rentabilidad empresaria y usuarios pagando la cuenta

Las críticas no quedaron solo en la política. El bloque opositor apuntó contra la distribuidora EDERSA y advirtió que el esquema prioriza "la rentabilidad empresaria" mientras comercios y pymes enfrentan una economía frenada.

La tensión se profundizó porque, mientras el Gobierno habla de un incremento del 46%, empresarios y cámaras aseguran que el impacto real podría terminar siendo del 64% por actualizaciones aplicadas al momento de la entrada en vigencia.

Pymes y productores, en alerta: piden frenar el aumento o excluir a los que están en emergencia

El conflicto creció con el ingreso de la Federación de Entidades Económicas de Río Negro (FEERN), que agrupa cámaras de comercio y pymes, y de los empacadores de fruta nucleados en CAFI. Estos últimos ya habían solicitado suspender la audiencia sin respuestas.

La FEERN reclamó "eximir de cualquier tipo de aumento a los productores en emergencia agropecuaria" y advirtió que la energía es un costo central para la actividad frutícola: desde bombas de riego hasta cámaras de frío.

En una reunión con el Defensor del Usuario designado por el EPRE, los empresarios dijeron haber salido igual o más preocupados. Según señalaron, el expediente técnico tiene unas 400 páginas y denunciaron: "solicitamos al defensor que nos explique claramente la solicitud de la empresa y no pudo hacerlo porque no ha tenido el tiempo suficiente para analizarla".

Weretilneck intervino y echó la culpa a los impuestos, pero no despejó el fondo del problema

En medio de la escalada, el gobernador Weretilneck se involucró con mensajes a dirigentes empresarios, en los que intentó sostener que la tarifa provincial sería baja en términos relativos y que el problema está en la carga tributaria: "Más de la mitad de la factura son impuestos".

En esa línea, habría detallado que el impuesto provincial representa el 1%, mientras que la presión nacional oscila entre 22% y 28%, y los tributos municipales de General Roca irían del 15% al 24%.

Pero desde las pymes devolvieron el golpe: cuestionaron que el Ejecutivo provincial use la discusión tributaria para desviar el eje y evitar el debate sobre inversión, calidad del servicio y márgenes de la distribuidora.

"No podemos pagar los robos de energía (colgados) ni la falta de inversión de la empresa con el esfuerzo de nuestras pymes", respondieron.

La rentabilidad, el VAD y una pregunta incómoda: ¿quién controla a la distribuidora?

Los empresarios aseguran haber encontrado en el expediente un pedido de mejora de rentabilidad, con un salto del 7,18% al 13,39%. También cuestionan el corazón del cuadro tarifario: el Valor Agregado de Distribución (VAD), que incluye costos como salarios e insumos.

En ese punto, advierten que EDERSA buscaría mecanismos de aumentos automáticos, lo que dispara un interrogante político e institucional: si el ajuste se vuelve casi automático, ¿para qué está el EPRE?

El clima político se recalienta y el tarifazo amenaza con detonar el frente provincial

La disputa tarifaria ya desbordó el plano técnico y se convirtió en un conflicto político de escala provincial con impacto nacional: suba de servicios esenciales, tensión social, reclamos productivos y un gobierno acusado de administrar el tema con opacidad y apuro.

Con la audiencia pública encima, el escenario promete más choque: oposición, pymes y productores insisten en que el aumento es injustificable en este contexto y reclaman transparencia sobre costos e inversiones. Mientras tanto, el gobierno de Weretilneck enfrenta una acusación cada vez más directa: estar empujando un tarifazo con el reloj como aliado y los usuarios como variable de ajuste.