4 de marzo de 2026

Sucesos

Sucesos. Extienden la detención del líder de la RAM en cárcel de máxima seguridad hasta junio

Facundo Jones Huala cumplirá 1 año detenido desde el 6 de junio del año pasado. La fiscalía argumenta: riesgo de fuga más posible entorpecimiento de la investigación por asociación ilícita calificada. Aún no hay procesamiento formal ni juicio.

La Justicia Federal de Bariloche prorrogó por tres meses más la prisión preventiva de Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Esto significa que seguirá detenido en la Unidad Penal Federal N°6 de Rawson (Chubut), una cárcel de máxima seguridad, hasta junio de 2026. Con esta extensión, habrá cumplido un año en prisión desde su detención el 6 de junio de 2025.

La medida responde a un pedido de la fiscalía en una causa por presunta asociación ilícita calificada (originada en una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación). Argumentan riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación, mientras recopilan pruebas.

La audiencia se realizó este miércoles, y la defensa había solicitado su traslado a otra cárcel (como Esquel), pero fue rechazado por cuestiones de seguridad. Algunos sectores lo consideran un preso político y critican las condiciones de detención (lejos de su comunidad y familia), mientras que otros apoyan la medida por sus antecedentes y posturas vinculadas a acciones violentas.

La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación (bajo Patricia Bullrich en ese momento) a principios de 2025. Se basa en declaraciones de Jones Huala durante la presentación de un libro que escribió mientras estaba detenido en Chile (previo a su extradición y liberación anterior). En esas declaraciones, justificó o reivindicó atentados incendiarios, sabotajes y acciones directas atribuidas a grupos mapuches o la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), considerada por el gobierno como organización violenta o terrorista en algunos contextos.


Detención y prisión preventiva

  • Detenido el 6 de junio de 2025 en El Bolsón (Río Negro) por la Policía Federal Argentina (PFA), en un operativo controvertido: la defensa denuncia irregularidades, como anuncio público del Ministerio antes de la orden judicial formal (emitida al día siguiente vía WhatsApp por el juez Ezequiel Andreani, según algunas versiones).
  • Trasladado inmediatamente a la Unidad Penal Federal N°6 de Rawson (Chubut), cárcel de máxima seguridad.
  • Prisión preventiva dictada poco después, inicialmente por 90 días.
  • La causa fue calificada como "investigación compleja" (por primera instancia y confirmada por Cámara Federal), lo que permite prórrogas extendidas: hasta 2 años máximo de preventiva (hasta junio de 2027 en teoría).


Las audiencias de revisión se realizan cada 3 meses (aprox.):

  • Varias prórrogas previas (septiembre 2025 hasta diciembre; diciembre hasta marzo 2026).
  • Última: 4 de marzo de 2026 - la Justicia Federal de Bariloche aceptó el pedido de la fiscalía y prorrogó otros 3 meses (hasta junio de 2026). Con esto, cumplirá un año detenido desde junio 2025.
  • Argumentos de la fiscalía para mantenerlo preso: riesgo de fuga (por antecedentes y posturas), posible entorpecimiento de la investigación (mientras recopilan pruebas, como vinculaciones con atentados o la RAM), y complejidad del caso.
  • Defensa: solicitó traslado a cárcel de Esquel (más cerca de su comunidad) o prisión domiciliaria; ambos rechazados (traslado por "falta de garantías de seguridad"). Critican falta de pruebas concretas nuevas, que no está procesado formalmente (solo investigado), y condiciones de detención agravadas (lejos de familia/comunidad, hostigamientos denunciados).


Estado actual

  • Sigue sin procesamiento formal ni elevación a juicio (solo en etapa de investigación).
  • La fiscalía avanza recolectando material probatorio para intentar probar la asociación ilícita (posibles vínculos con hechos violentos atribuidos a la RAM).
  • Sectores oficialistas/gubernamentales lo ven como medida necesaria contra promoción de violencia; sectores mapuches y de derechos humanos lo califican como preso político, persecución por identidad indígena y criminalización de la lucha territorial.

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