5 de marzo de 2026
Rodrigo Andrés Gómez tenía 21 años. Los jóvenes operaban desde cárceles bonaerenses (Magdalena y Olmos) con celulares prohibidos: perfiles falsos en apps de citas, fotos íntimas, amenazas de "grooming" y denuncias falsas. Le sacaron más de $1.400.000. En sus últimos mensajes: "No pude conseguir nada... Ya estoy jodido". Horas después se quitó la vida con su fusil reglamentario. La jueza Sandra Arroyo Salgado los imputó por asociación ilícita, extorsión agravada e instigación al suicidio (para los líderes). Pidió al Servicio Penitenciario Bonaerense que corte ya el uso de celulares en prisiones.
La investigación judicial destacó que la extorsión lo llevó a un estado de desesperación total.
La
justicia procesó a la banda que extorsionó al soldado Rodrigo Andrés Gómez,
quien se suicidó en la Quinta de Olivos el pasado 16 de diciembre.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dictó el procesamiento con prisión preventiva para siete integrantes de la organización criminal. Se les imputan delitos como asociación ilícita agravada, extorsión reiterada y, en el caso de los líderes (Tomás Francavilla y Mauricio Duarte Areco), también coautoría de instigación al suicidio.
Agobiado por las deudas (sacó préstamos y pidió dinero a compañeros), el miedo a la exposición pública y una supuesta causa penal, se quitó la vida con su fusil reglamentario en un puesto de guardia.
La banda operaba desde cárceles bonaerenses (principalmente Magdalena y Olmos, dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense), usando teléfonos celulares prohibidos para crear perfiles falsos en apps de citas (como Evermatch), entablar contacto con víctimas (en este caso, simulando una relación romántica), obtener material íntimo y luego extorsionar con amenazas de denuncias falsas por grooming o pedofilia, suplantando identidades (por ejemplo, de un policía llamado Matías Nahuel Contti).
Gómez, un soldado voluntario de 21 años del Regimiento de Granaderos a Caballo que custodiaba la residencia presidencial, transfirió más de $1.400.000 bajo presión extrema. Agobiado por las deudas (sacó préstamos y pidió dinero a compañeros), el miedo a la exposición pública y una supuesta causa penal, se quitó la vida con su fusil reglamentario en un puesto de guardia.
La
investigación judicial destacó que la extorsión lo llevó a un estado de
desesperación total, como se ve en sus últimos mensajes: "No pude conseguir
nada... Ya estoy jodido".
Además,
la jueza pidió al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, medidas
para impedir el uso de celulares en prisiones.
La
banda, apodada por algunos como la "Pyme del delito", tenía múltiples
víctimas y coordinaba roles (entrega de chips, redistribución de dinero, etc.).
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