6 de marzo de 2026

Política

Política. Habrá doble audiencia pública (presencial y virtual) por la Ley de Glaciares en Diputados

Esta reforma busca redefinir las zonas protegidas y habilitar más actividades económicas (como minería) en áreas periglaciares. Críticos advierten riesgos para las reservas de agua dulce; el Gobierno lo defiende como desarrollo y federalismo.

La Cámara de Diputados de Argentina convocó formalmente a audiencias públicas para debatir el proyecto de modificación a la Ley de Glaciares (Ley N°26.639), que ya cuenta con media sanción del Senado.

Esta medida se tomó tras la presión de la oposición, que exigió este paso para cumplir con normativas ambientales como el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, evitando un tratamiento exprés impulsado por el oficialismo.

Las audiencias están programadas para:

  • 25 de marzo de 2026: de forma presencial (de 10 a 19 horas), en la sede de la Cámara de Diputados (Rivadavia 1841, CABA).
  • 26 de marzo de 2026: de forma virtual (también de 10 a 19 horas), permitiendo participación federal.

El objetivo es recibir opiniones de especialistas, organizaciones, ciudadanos y sectores involucrados (ambientalistas, científicos, comunidades indígenas, empresas mineras y otros).

La inscripción está abierta hasta el 20 de marzo (hasta las 16 horas para presencial y hasta las 20 horas en general).

Se puede realizar de manera personal o representando organizaciones, a través del formulario oficial en el sitio de la Cámara de Diputados o presencialmente en la Comisión de Recursos Naturales.

Ya se reportan miles de inscriptos (más de 4.000-4.500 en los primeros días), lo que refleja un alto interés y rechazo a la reforma por parte de sectores opositores y ambientalistas.

El proyecto propone cambios para fomentar la explotación económica en ambientes periglaciales (como minería de litio y cobre), redefiniendo el alcance de las zonas protegidas y dejando la evaluación de impactos hídricos más a discreción provincial, según críticos.

El Gobierno lo presenta como una "aclaración" para habilitar desarrollo y federalismo ambiental.

Esto retrasa el dictamen en comisiones y el eventual tratamiento en el recinto, que se postergaría al menos hasta principios de abril (posiblemente después de Semana Santa).

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