País. Recrudece la tensión policial en el interior por reclamos salariales: se multiplican las protestas en Catamarca y Jujuy

Las manifestaciones de policías retirados, familiares de agentes en actividad y efectivos autoconvocados volvieron a instalar un clima de tensión en varias provincias del país a partir de reclamos por aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. En los últimos días, las protestas se concentraron frente a las casas de gobierno de Catamarca y Jujuy, donde los manifestantes exigieron una recomposición de haberes que también contemple a los jubilados del sector.

El escenario se desarrolla en un contexto que tiene antecedentes recientes en otras jurisdicciones, especialmente en Santa Fe, donde a comienzos de este año se registraron fuertes reclamos policiales que finalmente se desactivaron tras un acuerdo salarial con el gobierno provincial. A su vez, un conflicto de características similares se había producido en Misiones durante 2024, donde las protestas se extendieron durante casi dos semanas antes de llegar a una solución negociada.

En Catamarca, entre el viernes 27 y el sábado 28 de febrero, un grupo numeroso de efectivos policiales autoconvocados, junto a retirados y familiares, se movilizó frente a la sede del gobierno provincial para reclamar una recomposición salarial y la reestructuración de la tabla de haberes del sector.

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El vocero del grupo, Luis Flores, explicó los motivos del reclamo y detalló la situación salarial de los uniformados. "Pretendían que el agente de policía supere, plata en mano, en bolsillo, por lo menos $1,3 millón como mínimo", afirmó. En ese sentido, remarcó también el objetivo de la protesta: "La idea es poder salir de debajo de la línea de pobreza en la cual se encuentra el personal".

El representante del grupo agregó que los agentes deben afrontar gastos adicionales para poder cumplir con sus funciones diarias. Entre ellos mencionó la compra de uniformes y botas, elementos indispensables para el servicio, y también la adquisición de garrafas de gas en algunas dependencias para poder alimentarse durante los turnos. Según explicó, debido a los bajos salarios muchos efectivos se ven obligados a buscar otras fuentes de ingresos. "Numerosos agentes deben efectuar otros trabajos alternativos, distintos a la tarea de seguridad, para llegar a fin de mes, como elaborar comidas para ferias", detalló.

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Los manifestantes exigen recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales del personal policial.

Durante el fin de semana, autoridades del gobierno catamarqueño iniciaron conversaciones con los representantes de los manifestantes para intentar encauzar el conflicto. De las negociaciones participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; y el jefe de la Policía provincial, Marcos Herrera, junto con delegados del sector que impulsaba las protestas.

Las conversaciones derivaron en un acuerdo anunciado el martes siguiente. El entendimiento estableció un piso salarial de $1.200.000 para marzo, con una proyección que llevaría el ingreso a $1.400.000 en julio, además de la implementación de ajustes bimestrales vinculados al Índice de Precios al Consumidor. Tras la firma del acta y la foto oficial del acuerdo, la situación parecía encaminarse hacia una normalización.

Sin embargo, en las horas posteriores trascendió que persistía el malestar dentro de la fuerza. Parte del personal en actividad manifestó que el acuerdo había sido rubricado principalmente por representantes de policías retirados, lo que generó cuestionamientos entre quienes continúan en servicio. En ese contexto, circularon mensajes internos donde se sostenía que las cifras pactadas no reflejan el costo de la canasta básica ni las exigencias operativas actuales.

Un comunicado difundido posteriormente por sectores de la fuerza indicó que muchos efectivos "se sienten no representados" en la negociación y advirtieron que las demandas del personal activo no habrían sido contempladas de manera suficiente. Entre los reclamos que continúan vigentes se mencionan la necesidad de un aumento salarial que compense la inflación, mejoras en las condiciones de seguridad laboral y el reconocimiento de una representación legítima del personal activo en futuras discusiones salariales.

El mismo documento también alertó sobre la posibilidad de nuevas medidas si no se atienden los planteos. Entre ellas se menciona la eventual implementación de medidas de protesta y un posible quite de colaboración en distintas dependencias policiales. Mientras tanto, algunos funcionarios provinciales trabajan para conformar una nueva mesa de diálogo con los sectores más críticos del acuerdo.

En paralelo, en Jujuy se registró otro foco de conflicto que volvió a poner en primer plano el reclamo salarial dentro de las fuerzas de seguridad provinciales. Allí, el malestar se expresó cuando retirados y familiares de policías en actividad se movilizaron en el centro de San Salvador de Jujuy y presentaron un petitorio en la Casa de Gobierno provincial.

El origen de la protesta, según trascendió, estuvo vinculado a un incremento salarial otorgado únicamente a miembros de la Jefatura de Policía y a fuerzas especiales, lo que generó cuestionamientos dentro de otros sectores de la fuerza. Tras la manifestación, una delegación de representantes fue recibida por funcionarios provinciales, aunque la propuesta oficial presentada en esa reunión no cumplió con las expectativas de los manifestantes.

Ante el aumento de la tensión, se anunció la realización de un paro provincial policial con concentración en la Plaza Belgrano, aunque finalmente no se registró un cese total de actividades. En cambio, se desarrolló una nueva marcha en la que los manifestantes insistieron con sus reclamos vinculados a salarios y condiciones laborales.

Durante la segunda jornada de protestas se sumaron agentes en actividad, quienes participaron utilizando barbijos, gorras y otros elementos para ocultar su identidad, con el objetivo de evitar posibles sanciones o represalias.

Posteriormente, representantes del sector fueron recibidos por el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, y el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, a quienes entregaron un petitorio con los planteos del personal. De forma paralela, delegados de policías retirados provenientes de San Pedro, Libertador General San Martín, La Quiaca, Palpalá y San Salvador de Jujuy mantuvieron reuniones con el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García.

Tras esos encuentros, el gobierno jujeño informó que no se concretará el aumento salarial previsto para las cúpulas policiales y anunció la convocatoria a una mesa de diálogo prevista para el 16 de marzo. Hasta esa fecha, se establecieron instancias de contacto entre las partes con el objetivo de evitar que el conflicto escale.

Las protestas en Catamarca y Jujuy reactivaron un escenario de tensión que tiene antecedentes cercanos. A comienzos de febrero, en Santa Fe, las protestas de policías autoconvocados derivaron en varios días de alta tensión hasta que el gobierno provincial anunció un decreto que estableció un salario básico de $1.350.000 para todo el personal policial, lo que permitió normalizar la situación y retomar los patrullajes en las principales ciudades del distrito.