En el marco del juicio por la expropiación de YPF, el Gobierno argentino presentó ante la justicia de Estados Unidos una moción de emergencia para suspender de inmediato el proceso de discovery, una instancia judicial que prevé la exhibición y producción de documentos y comunicaciones electrónicas vinculadas al caso.
La solicitud fue impulsada por la Procuración del Tesoro de la Nación, organismo encargado de la defensa jurídica del Estado, que requirió a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York detener esta etapa del proceso mientras se analizan los recursos presentados por el país.
El pedido busca frenar el requerimiento dispuesto en la causa por la jueza federal Loretta Preska, quien ordenó la entrega de mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones electrónicas de funcionarios y exfuncionarios argentinos para analizar la relación entre el Estado argentino y la petrolera YPF tras la estatización de la compañía. Según la interpretación de los demandantes, esa información podría contribuir a la identificación de activos del país susceptibles de embargo, entre los que se mencionó el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La presentación realizada por los abogados del Estado solicita la suspensión del proceso de discovery, así como de los requerimientos de sanciones contra la Argentina y de la audiencia probatoria prevista para abril, mientras se revisa la decisión judicial en instancias superiores.
En su argumentación, la defensa del país sostuvo que existen "fundamentos sólidos" para revertir la decisión apelada, entre ellos cuestionamientos vinculados a la interpretación del derecho argentino y al principio jurídico conocido como "forum non conveniens", utilizado para discutir la competencia del tribunal que lleva adelante el caso.
El pedido fue presentado ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en el marco del proceso que conduce la jueza Loretta Preska.
Según la presentación, la continuidad de la etapa de discovery podría generar "un perjuicio irreparable para la soberanía nacional", además de afectar la previsibilidad necesaria para el desarrollo de las relaciones financieras del país. Los abogados del Estado también señalaron que el interés público aconseja evitar posibles impactos en las relaciones exteriores y prevenir ineficiencias procesales en caso de que las decisiones de fondo modifiquen el curso del proceso.
El documento también remarca que la Argentina ya cumplió con numerosas órdenes judiciales dentro del expediente, entre ellas la entrega de más de 117.500 páginas de documentación y la facilitación de aproximadamente 37 horas de testimonio de siete funcionarios de alto rango. A ese material se sumaron más de 800 páginas adicionales y 86 notas de voz presentadas durante el proceso.
A pesar de esa colaboración, los demandantes solicitaron que el país sea declarado "en desacato" por supuestos incumplimientos, una solicitud que el Estado argentino calificó como "improcedente y desproporcionada" en el contexto de las actuaciones judiciales.
Dentro de la estrategia jurídica presentada ante el tribunal estadounidense, el Gobierno también destacó que recibió respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, organismo que presentó un documento ante la jueza Preska con argumentos favorables a la posición argentina en el litigio.
La Procuración del Tesoro señaló que continuará utilizando todos los recursos jurídicos disponibles para resguardar lo que definió como "la plena vigencia de la Constitución Nacional y de los principios del derecho internacional público" frente a las medidas adoptadas en el proceso. Asimismo, remarcó que la defensa del país se mantendrá orientada a proteger el interés nacional y la soberanía argentina frente a decisiones que considere incompatibles con el orden jurídico local y con las normas que rigen las relaciones entre Estados.
El litigio por la expropiación de YPF se tramita en tribunales de Nueva York y derivó en una sentencia que condenó a la Argentina a pagar alrededor de US$16.000 millones, uno de los montos más altos en un juicio internacional contra el país. En ese contexto, la etapa de discovery se convirtió en un punto central del proceso, ya que podría aportar información utilizada por los demandantes para avanzar en la ejecución del fallo y en eventuales embargos sobre activos argentinos en el exterior.
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