12 de marzo de 2026
Tras el avance en las negociaciones, las partes solicitaron suspender el litigio mientras se avanza en la formalización del acuerdo de conciliación.
El Estado argentino alcanzó un principio de acuerdo con los fondos buitre Attestor Master Value y Bainbridge Fund, que mantenían sentencias favorables en demandas contra el país por el default de 2001, en un paso que podría encaminar la resolución de uno de los litigios aún abiertos por aquella crisis de deuda.
El entendimiento fue comunicado ante la justicia de Estados Unidos, específicamente ante la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se tramitan las causas vinculadas a esos reclamos. En la presentación judicial, tanto los abogados del país como los representantes legales de los acreedores informaron el avance en las negociaciones y pidieron suspender el litigio en curso para poder avanzar en la concreción del acuerdo.
Los fondos involucrados, Attestor Master Value y Bainbridge Fund, habían obtenido fallos favorables en los tribunales estadounidenses en reclamos derivados del default declarado por Argentina en 2001, lo que habilitaba distintas acciones judiciales para intentar cobrar esas sentencias.
En el escrito presentado ante la magistrada, ambas partes explicaron que el entendimiento alcanzado abre la posibilidad de cerrar la disputa y, en ese contexto, solicitaron formalmente detener el proceso judicial mientras se avanza en los términos definitivos del acuerdo. En ese documento se señaló: "a la luz de este avance, las partes solicitan respetuosamente que el tribunal suspenda este proceso".
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Además del pedido de suspensión del litigio, el planteo ante la justicia estadounidense incluyó la solicitud de dejar en suspenso otras presentaciones vinculadas al caso. Entre ellas figura la moción impulsada por el fondo Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual reclamaba la entrega de la participación del Estado argentino en el Banco de la Nación Argentina y en Aerolíneas Argentinas como forma de ejecutar las sentencias favorables obtenidas en los tribunales.

El pedido fue presentado ante la Jueza Loretta Preska, la misma que se encuentra al frente de la causa por la expropiación de YPF.
Según lo informado en la presentación, la suspensión del proceso permitiría que las partes puedan completar la consumación del acuerdo de conciliación sin que continúen las acciones judiciales orientadas al cobro de los fallos.
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En paralelo, se aclaró ante el tribunal que el estado del acuerdo será informado oportunamente a la jueza y que cualquier eventual necesidad de continuar con el proceso judicial también será comunicada formalmente a la corte.
El litigio se inscribe dentro de los múltiples conflictos judiciales iniciados por acreedores que no ingresaron a las distintas reestructuraciones de deuda realizadas por Argentina tras el default de 2001, una crisis financiera que derivó en una extensa serie de reclamos en tribunales internacionales.
En este caso particular, los acreedores contaban con sentencias firmes por alrededor de 500 millones de dólares, lo que había impulsado diversas acciones legales destinadas a intentar embargar o reclamar activos del país en el exterior como mecanismo de cobro.
El avance en las negociaciones entre el Gobierno argentino y los fondos demandantes representa un paso dentro de las gestiones para resolver esos conflictos pendientes en la justicia estadounidense, que se mantienen abiertos desde hace más de dos décadas en relación con el default soberano de comienzos de siglo.
Con la notificación presentada ante la jueza Loretta Preska, las partes dejaron formalizado el pedido de suspensión del litigio y señalaron que continuarán trabajando para completar el acuerdo de conciliación, cuyo contenido específico aún no fue difundido públicamente.
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