País. Conflicto universitario: la UBA declaró la emergencia presupuestaria para 2026

El máximo órgano de gobierno de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió declarar la emergencia presupuestaria para el año 2026, en una decisión adoptada por su Consejo Superior, que advirtió sobre la situación financiera que atraviesa la institución y el impacto que podría tener en distintas áreas de su funcionamiento.

La resolución aprobada por las autoridades universitarias pone el foco principalmente en la situación de los salarios de trabajadores docentes y no docentes, así como en la de profesionales de la salud que desarrollan tareas en hospitales universitarios. Según se detalló, la decisión responde a la preocupación generada por la forma en que quedó configurado el Presupuesto nacional 2026, que no incorporó los lineamientos establecidos por la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y de Recomposición Salarial.

Desde la universidad señalaron que el presupuesto aprobado para el próximo año no contempla los recursos previstos por esa legislación ni incluye una actualización de las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento, una situación que, según la resolución, genera incertidumbre respecto de la capacidad del sistema universitario para sostener sus actividades.

Ante este escenario, el Consejo Superior aprobó un documento en el que solicita formalmente a los ministerios de Capital Humano y de Economía que realicen una actualización urgente de las partidas presupuestarias, de modo que los recursos asignados a las universidades se ajusten al contexto inflacionario y permitan sostener el funcionamiento institucional.

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El reclamo institucional hace especial hincapié en los recursos destinados al área de salud, una de las áreas vinculadas al funcionamiento de la universidad que depende de financiamiento estatal para sostener la atención en hospitales y centros médicos universitarios.

La Universidad de Buenos Aires advirtió por el presupuesto 2026 y pidió aplicar la ley de financiamiento

La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y de Recomposición Salarial, mencionada en la resolución del Consejo Superior, fue sancionada por el Congreso de la Nación con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema universitario argentino y mejorar las condiciones salariales de quienes trabajan en las universidades públicas.

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Entre los objetivos que establece la normativa se incluyen el fortalecimiento de la infraestructura universitaria, la ampliación de las becas estudiantiles, el financiamiento de los colegios preuniversitarios y el impulso de las actividades de docencia, investigación, extensión e internacionalización desarrolladas por las universidades nacionales.

En su resolución, las autoridades de la UBA también recordaron que en octubre de 2025 ya habían solicitado al Poder Ejecutivo la promulgación y aplicación de esa ley. Sin embargo, según señalaron, hasta el momento el Gobierno nacional no avanzó con su implementación.

Ante esa situación, distintas universidades públicas, incluida la UBA, decidieron avanzar con acciones judiciales con el objetivo de que se garantice la aplicación de la normativa aprobada por el Congreso.

La resolución aprobada por el Consejo Superior también remarca la importancia que tiene el financiamiento estatal para el funcionamiento del sistema universitario en Argentina y para el desarrollo de actividades académicas, científicas y de extensión. En ese marco, el documento advierte que la puesta en marcha de la ley permitiría contar con un presupuesto acorde para sostener tareas vinculadas con docencia, investigación, salud y extensión universitaria.

En el mismo texto se destaca el rol de la educación pública en la formación de profesionales en el país. Según se señala, casi el 80% de los médicos y más del 90% de los odontólogos y veterinarios de la Argentina se formaron en universidades públicas, lo que, según la resolución, evidencia la necesidad de garantizar asignaciones presupuestarias adecuadas que permitan sostener la actividad académica.

Las autoridades universitarias subrayaron que disponer de recursos suficientes resulta indispensable para poder planificar y sostener las tareas que desarrolla el sistema universitario, tanto en el ámbito educativo como en el sanitario y científico.

La declaración de emergencia presupuestaria aprobada por el Consejo Superior se suma así a una serie de reclamos impulsados por universidades nacionales en torno al financiamiento del sistema de educación superior y al cumplimiento de la normativa sancionada por el Congreso.

Con esta decisión, la Universidad de Buenos Aires formalizó su pedido al Gobierno nacional para que se implementen las disposiciones previstas en la Ley de Financiamiento Universitario y se actualicen las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento de las universidades públicas durante el año 2026.