19 de marzo de 2026
Se permitió en la pandemia para contacto con familiares y abogados... y nunca se quitó. Hoy las conversaciones NO se monitorean (salvo orden judicial). Resultado: estafas, extorsiones, amenazas y hasta organización de crímenes desde adentro. Un ejemplo reciente es el caso del soldado que se suicidó tras ser extorsionado por una banda desde la cárcel de Magdalena. Muchos legisladores (Hechos, LLA y otros) ya presentaron proyectos para prohibirlos e instalar inhibidores.
Investigaciones judiciales han detectado que algunos presos usan estos celulares para seguir delinquiendo desde prisión: estafas, extorsiones, amenazas y organización de crímenes.
Según
un informe confirmado por fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB),
en las cárceles de la provincia de Buenos Aires hay actualmente 48.693 líneas
de celulares registradas legalmente a nombre de presos. Esto equivale a casi 50
mil dispositivos que los internos pueden usar con relativa libertad.
El
permiso se implementó durante la pandemia de COVID-19 (cuando se suspendieron
las visitas presenciales) para que los presos pudieran comunicarse con
familiares y abogados.
A
pesar del regreso de las visitas, el sistema se mantuvo, con la condición de
que cada línea esté identificada y registrada por el SPB.
Las
conversaciones no se monitorean de forma rutinaria (solo con orden judicial
específica), lo que genera preocupación.
Investigaciones
judiciales han detectado que algunos presos usan estos celulares para seguir
delinquiendo desde prisión: estafas, extorsiones, amenazas y organización de
crímenes.
Un caso reciente que reavivó el debate fue el del soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó tras ser extorsionado por una banda que operaba desde la cárcel de Magdalena.
Rodrigo Andrés Gómez de 21 años había sido engañado por una banda de presos que operaba desde la cárcel de Magdalena a través de teléfonos celulares.
Además
de estas líneas legales, hay un número indeterminado (pero significativo) de
celulares que entran de contrabando (vía familiares, visitas o incluso personal
penitenciario corrupto).
En
2025, por ejemplo, se secuestraron 1.525 celulares ilegales según registros
oficiales.
Reacciones
y propuestas
La
jueza federal Sandra Arroyo Salgado pidió prohibir los celulares en las
cárceles bonaerenses.
Hay
varios proyectos de ley en la Legislatura provincial (de bloques como Hechos,
La Libertad Avanza y otros) para eliminar el permiso, instalar inhibidores de
señal y limitar las comunicaciones a sistemas controlados por el SPB.
Una
fuente del gobierno bonaerense admitió la complejidad: retirar los celulares de
golpe podría generar motines masivos, ya que muchos los usan para contacto
familiar legítimo. "No se puede dejar a 50 mil presos sin el celular...
nos prenden fuego todo", dijo en off.
Es
un problema estructural que combina derechos de comunicación con seguridad y
control del delito organizado. El número exacto ronda las 48.693 líneas (no
exactamente 50 mil, pero muy cerca), y el tema está en plena discusión pública
y política en Argentina en estos días.
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