Política. Adorni sigue sumando causas: ahora lo denunciaron por presuntas irregularidades en la contratación y la concesión de Tecnópolis

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue denunciado penalmente por presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis, en una presentación judicial impulsada por la diputada Marcela Pagano.

La denuncia, que se conoció en las últimas horas, solicita investigar posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones y decisiones administrativas adoptadas en el ámbito de la Jefatura de Gabinete.

Entre los puntos centrales del escrito se encuentran procesos licitatorios relacionados con servicios de mensajería y comunicaciones, así como el procedimiento de concesión del predio estatal de Tecnópolis, desarrollado durante el período 2025-2026.

De acuerdo con la presentación, una de las licitaciones bajo análisis involucra la adjudicación de un contrato millonario para la prestación de servicios de envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas. El monto de esa contratación superaría los $3.650 millones.

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El escrito advierte sobre posibles irregularidades en ese proceso, entre ellas la existencia de vínculos entre distintas empresas participantes, lo que podría haber afectado los principios de competencia y transparencia en la contratación pública. En ese sentido, se menciona la participación reiterada de firmas relacionadas entre sí, lo que podría configurar una "simulación de competencia".

El proceso de concesión de Tecnópolis quedó bajo análisis judicial.

Otro de los ejes de la denuncia está puesto en la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso de gran magnitud económica que se encuentra bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete.

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Según la presentación judicial, la concesión del espacio, estimada en más de $183.000 millones, también debería ser investigada por posibles conflictos de interés y falta de transparencia en el procedimiento.

Además, la denuncia incluye cuestionamientos a la contratación de personal dentro del área de comunicación gubernamental. En ese apartado se señala que "se habrían realizado contrataciones directas de personal con sueldos exorbitantes que no guardan relación con las tareas asignadas", en referencia a la Subsecretaría de Vocería y Comunicación.

El escrito también plantea que en algunos casos se habrían omitido los mecanismos de licitación pública exigidos para la adjudicación de servicios y espacios, lo que podría encuadrarse en delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales.

En paralelo, la presentación hace referencia a posibles incompatibilidades en el ejercicio de la función pública y a eventuales conflictos de interés vinculados a relaciones entre funcionarios, empresas contratistas y entornos privados.

La causa quedó radicada en la Justicia federal, donde se deberá determinar si existieron irregularidades en los procedimientos señalados y si los hechos denunciados configuran delitos contra la administración pública.