Política. Axel Kicillof sin plata para gobernar pero con $58 mil millones para la pauta: la provincia de Buenos Aires al límite

Hay una frase que circula en los despachos del conurbano bonaerense con la naturalidad de lo que ya nadie intenta disimular: "No vengas a pedirnos ayuda porque acá no hay más nada". La dijo un funcionario de la gobernación a un intendente que llegó a La Plata buscando asistencia para su municipio. No fue un exabrupto. Fue una descripción del estado real de las cuentas provinciales.

Axel Kicillof atraviesa el momento más difícil de su gestión. La tenaza que lo aprieta tiene dos brazos: el ajuste feroz del gobierno nacional sobre los fondos que le corresponden a la provincia más populosa del país y el deterioro acelerado del poder adquisitivo de los bonaerenses, que se traduce en una demanda social que crece mientras los recursos menguan. El resultado es una Casa de Gobierno que recibe más pedidos de los que puede atender y que, al mismo tiempo, no puede salir a buscar financiamiento en los mercados.

Lo paradójico es que mientras eso ocurre, el mismo gobierno bonaerense destinó en 2025 la cifra récord de $58.300 millones a publicidad oficial. Una suma que creció el 63% en términos reales respecto del año anterior. Y que fue repartida, sin criterios establecidos por ley, entre medios afines a la gestión y comunicadores cercanos al proyecto político del gobernador.

Axel Kicillof preocupado por el futuro de los Bonaerenses

La trampa de la deuda

En diciembre del año pasado, Kicillof obtuvo de la Legislatura bonaerense una autorización para avanzar con un esquema de financiamiento por más de USD 3.600 millones. Era la herramienta que el gobierno necesitaba para sostener obras, pagar compromisos y sostener el ritmo de gestión en un año preelectoral. El problema es que en Argentina las provincias no pueden emitir deuda sin el visto bueno del gobierno nacional. Y el gobierno nacional, en este caso, es el de Javier Milei.

Luis Caputo autorizó solo una parte de ese endeudamiento: la destinada a pagar vencimientos en dólares de bonos emitidos durante la gestión de María Eugenia Vidal. En los primeros días de marzo, la provincia desembolsó poco más de USD 420 millones: 191,5 millones de capital y 233 millones de intereses. Fue la quinta cuota de amortización de esos bonos. Caputo firmó porque no firmar hubiera generado un problema de consecuencias impredecibles no solo para Buenos Aires sino para el sistema financiero de todas las provincias.

Pero ahí terminó la generosidad. Lo que la provincia quiere -y lo que necesita para sostener obras e infraestructura- es tomar deuda nueva. Y ahí la puerta está cerrada.No se le autorizó La semana pasada, Caputo participó de un simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas y fue contundente: el gobierno nacional tiene los recursos para pagar vencimientos de capital hasta julio de 2027 y para eso utilizará, entre otros instrumentos, la venta de activos estatales. Para Kicillof, que no considera la privatización de activos bonaerenses como una opción de ningún tipo, el mensaje fue una puerta que se cerró con llave.

El contexto de mercado tampoco ayuda. El riesgo país rozó en los últimos días los 623 puntos básicos, acercándose a un nuevo récord anual. Con la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos entre 3,75 y 4 puntos, y un riesgo país de 600 puntos, cualquier endeudamiento que la Argentina o sus provincias intentaran tomar costaría en torno al 10% anual en dólares. Otras provincias aprovecharon una ventana previa: Córdoba tomó USD 800 millones al 8,95% en enero, Entre Ríos consiguió USD 300 millones al 9,87% en febrero y Santa Fe había colocado USD 800 millones al 8,10% en diciembre. Hoy, con el riesgo país en 633, esa ventana está cerrada.

Los intendentes que ya no saben adónde llamar

El deterioro financiero tiene un correlato directo en el territorio. Los intendentes del conurbano -muchos de ellos armadores del propio Kicillof y piezas clave de su construcción política de cara a 2027- escalan demandas al gobierno provincial que ya no encuentran respuesta. Algunos de los municipios más afectados son los que más necesitan del Estado bonaerense: distritos del segundo cordón con altos índices de pobreza, donde la infraestructura es precaria y los servicios básicos dependen de la articulación entre el municipio y la provincia.

El gobernador decidió enfrentar ese malestar de frente. La semana próxima convocará a intendentes oficialistas y opositores para repasar el estado de situación de las finanzas. La reunión, cuya realización trascendió por fuentes del propio gobierno, no es un gesto habitual. Es, en los hechos, un reconocimiento implícito de que la situación cruzó un umbral que ya no puede manejarse en privado.

Los números del INDEC confirman lo que se ve en la calle. La tasa de desocupación en el Gran La Plata -que incluye la capital provincial y los distritos de Berisso y Ensenada- alcanzó el 9,5% en el cuarto trimestre de 2025. El registro no solo supera la media nacional sino que implica un salto significativo frente al trimestre anterior, cuando el desempleo había sido del 8,1%. En una región donde muchos de los empleos dependen directa o indirectamente del Estado provincial, ese dato no es una estadística abstracta. Es el síntoma de un modelo que está cediendo.

IOMA: cuando el Estado bonaerense falla a sus propios empleados

Si hay un espejo donde se refleja con mayor crudeza el estado de la gestión bonaerense, ese espejo es el Instituto de Obra Médico Asistencial. El IOMA es la obra social de los empleados públicos de la provincia, la segunda más grande del país por cantidad de afiliados, con más de 2,3 millones de personas bajo su cobertura. Y atraviesa, según todos los diagnósticos disponibles, una de las peores crisis de su historia.

El cuadro es sistemático y se repite en decenas de municipios: clínicas y sanatorios que rescindieron convenios por deudas millonarias no pagadas, médicos especialistas que se dieron de baja porque los honorarios dejaron de actualizarse, anestesiólogos que suspendieron cirugías programadas en una decena de centros de La Plata, demoras de hasta ocho meses en algunas especialidades, cobertura de medicamentos que en muchos casos no llega al 20% del valor real. Los afiliados que necesitan una práctica de alta complejidad o un medicamento de tratamiento oncológico se enfrentan a una cadena de negativas que en varios casos derivó en la necesidad de recurrir a la Justicia.

El caso de la madre de Mariano Sollazo, docente bonaerense de 59 años con síndrome mielodisplásico, ilustra con precisión quirúrgica lo que está ocurriendo. Los médicos que la tratan en Mar del Plata le indicaron el medicamento venetoclax por ser una paciente no apta para el tratamiento estándar. La Dirección de Políticas de Medicamentos del IOMA rechazó la cobertura argumentando que el fármaco no estaba "aceptado" para sus afiliados y citó un informe de hace cuatro años para justificar la negativa. La paciente, mientras tanto, depende de transfusiones de sangre cada 15 días y tiene la quimioterapia suspendida por intolerancia, a la espera de una solución que no llega.El acceso a la salud termina resolviéndose en la Justicia a través de amparos, y eso demuestra que hay un problema estructural que debe abordarse.

GUIDO GARCÍA - DIPUTADO BONAERENSE, AL PRESENTAR PEDIDO DE INTERPELACIÓN AL IOMA

La paradoja que la oposición instaló en el debate público es difícil de refutar: un grupo legislativo de distintas bancadas presentó un proyecto para suspender el gasto en publicidad oficial y redirigir esos fondos al saneamiento del IOMA. El argumento es simple. Si la obra social tiene deudas millonarias con prestadores, hospitales y farmacias, y si esas deudas impiden que los afiliados reciban atención, ¿cómo se justifica que el mismo gobierno que conduce el IOMA gaste $58.300 millones en publicidad en un solo año?

El gobernador Axel Kicillof con Jesica Rey secretaria de medios de la Provincia de Buenos Aires

La pauta que Milei usó como arma

El 21 de febrero pasado, Javier Milei publicó en sus redes sociales el detalle del gasto en publicidad oficial del gobierno bonaerense durante 2025. Lo que posteó era un cuadro con los principales beneficiados. Y su conclusión fue lapidaria: "Hay que prohibir la pauta en la provincia de Buenos Aires".

El dato que Milei usó como munición política proviene de un relevamiento de casi 90 resoluciones dictadas por la Secretaría de Medios bonaerense. Los números son los siguientes:

Fuente: Resoluciones de la Secretaría de Medios de la provincia de Buenos Aires, 2025. Relevamiento periodístico sobre 90 órdenes de pago.chequeado.com

El primer dato que salta a la vista es la concentración. El Grupo Indalo, cuyo accionista mayoritario es el empresario Cristóbal López -histórico socio del kirchnerismo-, recibió más del doble de pauta que grupos con mayor audiencia real, como Clarín o América. Solo C5N percibió $4.025 millones, y las cinco radios del grupo sumaron otros $2.677 millones. La lógica no fue el alcance ni la audiencia. Fue la afinidad política.

El segundo dato es el crecimiento. El gasto en publicidad oficial bonaerense aumentó el 63% en términos reales respecto de 2024. No fue un gasto de mantenimiento ni de gestión rutinaria. Fue una decisión deliberada de ampliar la inversión en comunicación en pleno año electoral, mientras la provincia recortaba en otras áreas.

El tercer dato, quizás el más revelador, es la ausencia de reglas. La distribución de la pauta oficial no tiene criterios establecidos por ley en la provincia de Buenos Aires. Las órdenes de compra se realizan mediante contratación directa y son decididas por la Secretaría de Medios, conducida por Jessica Rey. Desde la cartera explicaron que los criterios varían "en función de la naturaleza de las campañas a comunicar, de su alcance, de su público objetivo y de su importancia o contingencia". Es decir: los criterios los define el propio gobierno, caso por caso, sin ningún control externo establecido.

La contradicción que no tiene respuesta fácil

El gobierno bonaerense enfrenta hoy una contradicción que sus propios funcionarios no logran resolver en público sin exponerse. Si la provincia no tiene fondos, si los intendentes no reciben asistencia, si el IOMA no puede pagar a sus prestadores ni cubrir medicamentos oncológicos, ¿cómo se justifica haber gastado $58.300 millones en publicidad en 2025, con un incremento del 63% en términos reales?

La respuesta del oficialismo -que se trata de comunicación institucional necesaria para informar políticas públicas- colisiona con los hechos. El Grupo Indalo, principal beneficiado de esa pauta, no es el medio con mayor audiencia en la provincia ni el que llega a los sectores más vulnerables del conurbano. Es el grupo más afín al relato kirchnerista y al posicionamiento político que Kicillof necesita para sostener su candidatura presidencial de cara a 2027.

La oposición legislativa ya lo tradujo en proyecto de ley: suspender la pauta y redirigir esos fondos al IOMA. Si la medida prosperara, el IOMA recibiría en un año lo que el gobierno gastó en comunicar su propia gestión. Pero el oficialismo bloqueó la iniciativa.

Milei, mientras tanto, encontró en la pauta bonaerense un argumento que le permite atacar a Kicillof en su terreno: el de la coherencia entre el discurso y los hechos. "Si querés te lo explico con dibujitos", escribió el presidente cuando compartió el cuadro con los datos de la pauta. No era una broma. Era una estrategia.

La provincia de Buenos Aires es el territorio más grande, más poblado y más complejo de la Argentina. Lo que le pase a Kicillof en los próximos meses no solo definirá su futuro político. Definirá también la calidad de vida de millones de bonaerenses que hoy se preguntan por qué no pueden conseguir turno en el IOMA, por qué no hay obras en su calle, por qué el trabajo escasea. Y que, si miran la pantalla del televisor, probablemente vean la publicidad del gobierno que no pudo responderles.