27 de marzo de 2026

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País. Crisis en Santa Cruz: estatales protestaron contra la Ley de Emergencia que impulsa Vidal

Trabajadores judiciales llevaron su reclamo a la Legislatura de Santa Cruz, donde exigieron garantías de que no se trate ni se presente una Ley de Emergencia, en medio de un clima de creciente conflicto sindical y preocupación por posibles medidas de ajuste.

En el marco de una jornada de protesta, trabajadores del sector judicial de la provincia de Santa Cruz ingresaron al recinto de la Cámara de Diputados para exigir definiciones concretas respecto a la posible presentación de una Ley de Emergencia, en un contexto de tensión creciente entre los gremios y el gobierno provincial.

La intervención de los trabajadores se produjo ante la falta de precisiones oficiales sobre el futuro legislativo de una eventual iniciativa de emergencia, lo que, según manifestaron, mantiene en estado de alerta a distintos sectores estatales. En ese sentido, el reclamo central estuvo orientado a obtener garantías explícitas de que no habrá tratamiento ni presentación de ningún proyecto de estas características.

Durante su exposición en el ámbito legislativo, los representantes sindicales remarcaron que las señales políticas hasta el momento no resultan suficientes para llevar tranquilidad a los trabajadores movilizados, quienes desde hace semanas vienen expresando su preocupación por la situación económica y por versiones vinculadas a posibles medidas de ajuste.

En ese contexto, plantearon que la ausencia de definiciones claras alimenta la incertidumbre y dificulta la contención del conflicto en los distintos sectores de la administración pública. "No nos deja tranquilos, no podemos decirles de volver porque aca no se va a votar. aca no dice que no se vaya a presentar ninguna emergencia", manifestaron durante el reclamo.

Los trabajadores insistieron en que su demanda no se limita a la sesión legislativa en curso, sino que abarca cualquier posibilidad futura de avance de un proyecto de estas características dentro de la Cámara de Diputados. "Esa es la garantia quie necsitamos", afirmaron, al reforzar el pedido de certezas políticas y parlamentarias.

En la misma línea, dejaron en claro que el rechazo sindical apunta a cualquier intento de implementar normas de excepción. "Nuestro primer reclamo es que no se vote ninguna ley de emergencia", expresaron, al tiempo que advirtieron que una eventual iniciativa en ese sentido podría profundizar el conflicto con los gremios estatales.

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Asimismo, los representantes del sector señalaron que las organizaciones sindicales vienen realizando esfuerzos para contener la conflictividad en un escenario complejo, por lo que reclamaron que desde el ámbito político no se impulsen medidas que incrementen la tensión. "No presenten eso, porque desde el 1 ed febnrero, todos estamos marchando tratando de llevar tranquiliodad a los sectores", indicaron.

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Claudio Vidal, gobernador de la provincia de Santa Cruz.

En ese marco, reiteraron su postura frente a cualquier iniciativa legislativa vinculada a la emergencia económica: "No presenten proyecto que nos ponga en estado de alerta", subrayaron, al insistir en la necesidad de evitar nuevos focos de conflicto.

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Además del rechazo a la posible Ley de Emergencia, los judiciales también pusieron el foco en el sistema previsional provincial y reclamaron garantías respecto a la continuidad de la normativa vigente. "Necesitamos garantia que van a cuidar la ley jubilatoria", señalaron, al referirse a la protección de los derechos adquiridos en materia previsional y al funcionamiento de la Caja de Previsión Social.

El planteo de los trabajadores se inscribe en un escenario más amplio de conflictividad sindical en la provincia, donde distintos sectores del empleo público mantienen medidas de fuerza y estado de alerta frente a la posibilidad de reformas que impacten en salarios, condiciones laborales y derechos previsionales.

De este modo, el reclamo llevado directamente al recinto legislativo refleja la escalada del conflicto y la demanda de definiciones concretas por parte de los gremios, que buscan garantías formales de que no avanzará ningún proyecto de emergencia económica que pueda afectar a los trabajadores estatales.

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