Política. El Gobierno envió al Congreso la Ley Hojarasca y busca eliminar 70 normas "obsoletas"

El Gobierno nacional formalizó el envío al Congreso del proyecto conocido como Ley Hojarasca, una iniciativa que impulsa la derogación de aproximadamente 70 normas vigentes que, según el oficialismo, resultan "obsoletas", superfluas o incompatibles con los principios actuales del ordenamiento jurídico. La propuesta fue elaborada en el ámbito del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, y apunta a avanzar en una depuración del sistema normativo.

El texto plantea la eliminación de legislación que, de acuerdo con el diagnóstico oficial, perdió vigencia práctica, fue superada por normas posteriores o dejó de tener sentido frente a los cambios tecnológicos, económicos y sociales. En ese marco, el Ejecutivo sostiene que el país acumuló a lo largo del tiempo un volumen significativo de leyes que generan trabas administrativas, costos de cumplimiento y complejidad regulatoria.

La iniciativa, denominada formalmente como proyecto de derogación de legislación obsoleta, propone avanzar sobre un conjunto de normas que abarcan distintos períodos históricos y que, según el Gobierno, ya no se condicen con las necesidades actuales. Entre los fundamentos, se menciona la necesidad de ordenar el sistema legal y reducir la dispersión normativa, eliminando disposiciones consideradas redundantes, inaplicables o de escasa relevancia.

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De acuerdo con lo expuesto en el proyecto, el criterio de selección de las leyes a derogar se organiza en distintos ejes. Entre ellos se incluyen normas que fueron reemplazadas por marcos regulatorios posteriores, aquellas que quedaron desactualizadas frente a avances tecnológicos, disposiciones vinculadas a organismos que ya no existen y leyes que establecen trámites considerados innecesarios o sin aplicación concreta.

El texto ya fue enviado al Congreso para su tratamiento.

Además, el Gobierno argumenta que parte de esta legislación vigente genera efectos contraproducentes, al imponer restricciones o procedimientos que impactan en la actividad de ciudadanos y empresas. En ese sentido, la iniciativa busca reducir la carga burocrática y avanzar hacia un esquema normativo más simplificado.

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El proyecto fue remitido al Parlamento con el objetivo de que sea debatido y eventualmente sancionado, en el marco de la agenda legislativa del oficialismo. La propuesta se inscribe dentro de un conjunto más amplio de iniciativas orientadas a la desregulación y reorganización del Estado, que el Ejecutivo viene impulsando desde el inicio de la gestión.

Según se desprende del texto, la intención oficial es avanzar hacia un cuerpo jurídico más ordenado, eliminando normas que, a criterio del Gobierno, no sólo carecen de utilidad práctica sino que también contribuyen a la complejidad del sistema legal vigente. En ese sentido, la Ley Hojarasca se presenta como una herramienta para simplificar el entramado normativo mediante la eliminación de leyes consideradas innecesarias o desactualizadas.

De esta manera, la iniciativa quedó formalmente en manos del Congreso, donde deberá atravesar el correspondiente proceso legislativo para su tratamiento, en un contexto en el que el oficialismo busca avanzar con reformas orientadas a la reducción de regulaciones y la reorganización del marco jurídico nacional.