27 de marzo de 2026
La Justicia de Estados Unidos revocó el fallo que obligaba a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por la estatización de YPF, en una decisión que reconfigura el escenario judicial del litigio iniciado tras la expropiación de 2012.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió revocar el fallo que condenaba a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por la estatización de YPF, en el marco del litigio iniciado por accionistas minoritarios tras la expropiación de la petrolera en 2012. La decisión deja sin efecto la sentencia dictada en primera instancia y modifica el curso de una de las causas más relevantes que enfrenta el país en tribunales internacionales.
El fallo original había sido emitido por la jueza Loretta Preska, quien en 2023 determinó que el Estado argentino debía compensar a los demandantes por no haber realizado una oferta pública de adquisición a todos los accionistas al momento de tomar el control de la compañía. Esa resolución fijaba una indemnización que superaba los 16.000 millones de dólares y que, con intereses, podía escalar aún más.
La nueva resolución de la Cámara de Apelaciones revirtió ese criterio al considerar que la interpretación realizada en primera instancia sobre la legislación argentina no era correcta. En ese sentido, el tribunal sostuvo que los estatutos de la empresa no podían ser tratados como un contrato en los términos planteados por los demandantes, lo que invalidó la base jurídica de la condena.
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El litigio fue impulsado por las firmas Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management, cuyos derechos de litigio fueron adquiridos por el fondo Burford Capital. Los demandantes sostenían que el Estado argentino había incumplido obligaciones al avanzar con la expropiación sin extender una oferta equivalente al resto de los accionistas minoritarios.

El fallo deja sin efecto el pago de más de 16.000 millones de dólares.
En paralelo, la causa había sumado otros capítulos judiciales, incluyendo pedidos para avanzar sobre activos del Estado argentino y órdenes relacionadas con la eventual entrega de acciones de la compañía como forma de pago. Sin embargo, distintas resoluciones posteriores habían ido frenando esas instancias hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo en la apelación.
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La decisión conocida ahora implica un cambio sustancial en el escenario judicial, ya que deja sin efecto la obligación de pago establecida en la sentencia anterior y desactiva, al menos en esta instancia, uno de los principales riesgos financieros asociados al caso.
El origen del conflicto se remonta a 2012, cuando el Estado argentino avanzó con la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que hasta ese momento estaban en manos de la empresa española Repsol. La medida fue impulsada como parte de una política de recuperación del control estatal sobre los recursos energéticos estratégicos.
Desde entonces, el proceso judicial se extendió durante años y atravesó distintas instancias en tribunales de Estados Unidos, donde se discutió tanto la jurisdicción como la interpretación de la normativa aplicable al caso. La reciente resolución de la Cámara de Apelaciones introduce un nuevo escenario en ese recorrido, aunque no descarta la posibilidad de futuras presentaciones o recursos por parte de los demandantes.
De esta manera, el fallo revocatorio marca un punto de inflexión en la causa por la expropiación de YPF, al dejar sin efecto la condena económica que pesaba sobre el país y redefinir el estado actual del litigio en el ámbito judicial estadounidense.
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