Sucesos. Avanza el escándalo y la denuncia contra el hijo de Alfredo Coto

Una demanda civil presentada ante el Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade apunta contra Germán Coto, CEO de G&G Business Development e hijo del empresario argentino Alfredo Coto, junto a otros involucrados en el desarrollo de un edificio de lujo en Miami.

El planteo fue impulsado por la Asociación de Propietarios, que cuestiona la contratación de distintos servicios durante el período en que el desarrollador mantenía el control del consorcio.

Las irregularidades que denuncia la demanda

Según el escrito judicial -de más de 400 páginas- los propietarios sostienen que varios contratos habrían sido adjudicados a sociedades vinculadas al desarrollador, sin procesos competitivos ni adecuada divulgación de posibles conflictos de interés.

Las observaciones alcanzan a servicios de conserjería, seguridad, limpieza y administración, con tarifas que -según los demandantes- estarían por encima de los valores de mercado y con documentación "insuficiente o incompleta".

Entre los acusados también figuran Gloria García, Marcelo Scarinci, Guillermo Calcagno, el matrimonio Leonardo y María Elena Polo y Daniel Andrada, quienes aparecen vinculados a las sociedades contratadas.

Contratos bajo la lupa: las principales objeciones

Uno de los ejes del conflicto es el servicio de conserjería. Según la presentación, el contrato fue firmado sin aprobación formal de la Junta Directiva y sin que se informaran posibles conflictos de interés.

En ese sentido, el escrito afirma que "no existe evidencia de que Coto haya revelado un conflicto de interés" y sostiene que "el contrato constituye una transacción de autocontratación indebida para cobrarle a la asociación servicios de "concierge" inflados, sobrevaluados e innecesarios".

También se cuestiona que "cada factura presentada por International Booking incluye exactamente las mismas descripciones y rubros", lo que, según los propietarios, evidencia falta de transparencia en la prestación.

En materia de seguridad, la demanda señala que la contratación se realizó "sin licitación competitiva, sin adecuada divulgación de conflictos y bajo circunstancias que favorecieron a sociedades vinculadas al desarrollador", además de tratarse de una empresa sin trayectoria comprobable.

Situaciones similares se denuncian en los servicios de limpieza y administración, donde se mencionan costos excesivos, facturación de conceptos no contemplados y falta de respaldo documental.

Acusaciones por sobreprecios y falta de transparencia

De manera general, los abogados de la firma que representa al consorcio sostienen que "los contratos celebrados con entidades relacionadas al desarrollador fueron ejecutados en condiciones que beneficiaban indebidamente a Coto" y que se firmaron "sin transparencia, sin competencia de precios y sin la debida divulgación de conflictos de interés".

Además, remarcan que "las tarifas cobradas eran infladas y no reflejaban valores de mercado" y que los registros financieros entregados "carecían de documentación de respaldo suficiente", lo que podría implicar "violaciones de la Ley de Condominios de Florida y de deberes fiduciarios".

Amenities prometidos y no cumplidos

Otro punto de conflicto gira en torno a amenities de lujo que, según los propietarios, fueron promocionados pero no se concretaron en los términos anunciados.

Entre ellos figuran servicio de embarcaciones, acceso a club de playa, puerto propio y helipuerto, lo que incluso podría configurar un caso de "publicidad engañosa".

Uno de los testimonios incluidos en la causa señala que el yate prometido para trasladar residentes se hundió y nunca fue reemplazado: "Hoy se nos sigue cobrando por el mantenimiento del muelle".

En relación al helipuerto, se indicó que "no dijeron nada a la comunidad ni a los nuevos compradores que habían suspendido su construcción y seguían vendiendo al público así. Para nosotros, eso fue intencional".

Un proyecto de lujo en el centro de Miami

La torre fue inaugurada en abril de 2024 tras varios años de construcción y en alianza con la marca Aston Martin, con un total de 391 unidades residenciales.

Los precios de las propiedades oscilaron entre 1,5 y 20 millones de dólares, con unidades premium de valores superiores, en un edificio con vistas a la Bahía Biscayne, el río Miami y el skyline de la ciudad.

Un proceso sin resolución definitiva

El caso se tramita en la justicia estatal de Florida y, al tratarse de un litigio civil, será el tribunal quien determine si existieron incumplimientos contractuales o violaciones legales.

Hasta el momento, los demandados no cuentan con condena alguna y conservan su derecho a defensa mientras avanza el proceso judicial.