Mundo. Polémica: Israel aprobó la pena de muerte para palestinos acusados de terrorismo

El Parlamento de Israel aprobó una ley que introduce la pena de muerte como castigo para palestinos condenados por ataques mortales en la Cisjordania ocupada, en una votación que reflejó divisiones políticas internas y provocó reacciones en distintos ámbitos internacionales. La iniciativa fue avalada por 62 votos a favor y 48 en contra, con el respaldo del gobierno encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

La normativa establece que la pena capital, que se ejecutará mediante ahorcamiento, será el castigo por defecto para los casos en los que se determine la responsabilidad en ataques con resultado de muerte, en el marco de lo que la legislación israelí considera actos de terrorismo. La ley prevé que la ejecución se concrete en un plazo de 90 días desde la sentencia, aunque contempla la posibilidad de aplicar cadena perpetua en circunstancias especiales, sin detallar los criterios para esa excepción.

El texto aprobado indica que los casos serán juzgados en tribunales militares, que son los que tienen jurisdicción sobre los palestinos en la Ribera Occidental. En ese sentido, el alcance práctico de la ley queda centrado en esa población, dado que estos tribunales no juzgan a ciudadanos israelíes.

La iniciativa fue impulsada por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, uno de los principales promotores del endurecimiento de las políticas de seguridad. Antes de la votación, el funcionario expresó: "From today, every terrorist will know, and the whole world will know, that whoever takes a life, the State of Israel will take their life".

El proyecto se inscribe dentro de un marco legal en el que la pena de muerte existe formalmente en Israel para delitos excepcionales, aunque su aplicación ha sido extremadamente limitada en la historia del país. Desde su creación, solo se registraron dos ejecuciones, la última de ellas en 1962.

Tras su aprobación, la medida generó reacciones en distintos ámbitos. Organismos internacionales y gobiernos extranjeros expresaron preocupación por el alcance de la normativa. Desde la Unión Europea, por ejemplo, se advirtió que la decisión representa un "retroceso claro" en materia de estándares legales y compromisos internacionales.

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En paralelo, dirigentes palestinos cuestionaron la legislación y la calificaron como discriminatoria, al considerar que su aplicación efectiva recaería exclusivamente sobre la población palestina.

La medida fue celebrada por funcionarios israelíes y posteriormente celebrada por el ministro de Seguridad Nacional, Ben - Gvir.

El debate también se trasladó al plano judicial, donde ya se anticiparon presentaciones para impugnar la ley ante la Corte Suprema israelí. Mientras tanto, el texto aprobado no tendrá carácter retroactivo, por lo que no se aplicará a hechos ocurridos con anterioridad a su sanción.

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El tratamiento de la iniciativa se dio en un contexto de tensión regional y de discusiones más amplias sobre seguridad, justicia y legislación en territorios bajo ocupación, donde la jurisdicción y el alcance de las normas continúan siendo objeto de debate.

En paralelo, el impacto político de decisiones de este tipo es seguido de cerca en distintos niveles de gobierno en el mundo. En la Ciudad de Buenos Aires, bajo la gestión de Jorge Macri, los temas vinculados a la política internacional y los derechos humanos forman parte del seguimiento institucional en un escenario global atravesado por conflictos y redefiniciones legales.

La aprobación de la ley marca un punto relevante dentro del sistema legal israelí en relación con el uso de la pena de muerte, y abre una nueva etapa en el debate sobre su aplicación en casos vinculados a hechos de violencia en la región.