Mundo. La ONU le pidió a Bukele "revisar" la cadena perpetua a menores en El Salvador

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó a El Salvador revisar la aplicación de la cadena perpetua a menores de edad, en el marco de las reformas impulsadas por el gobierno de Nayib Bukele que endurecen el régimen penal para delitos considerados graves.

El planteo del organismo internacional se da luego de que el oficialismo promoviera modificaciones legales para ampliar el alcance de la prisión perpetua, una figura recientemente incorporada al sistema jurídico salvadoreño tras una reforma constitucional que eliminó la prohibición de este tipo de condenas. Hasta ese momento, la pena máxima en el país era de 60 años de prisión.

La nueva legislación establece que la cadena perpetua podrá aplicarse a delitos como homicidio, violación y terrorismo, en una iniciativa que forma parte de la estrategia de seguridad del Ejecutivo para combatir a las pandillas y otros delitos de alto impacto.

En ese contexto, el Gobierno también avanzó con propuestas para extender estas sanciones a menores de edad, incluyendo a aquellos involucrados en delitos graves, independientemente de su pertenencia a organizaciones criminales.

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Frente a este escenario, la ONU instó a revisar la compatibilidad de estas medidas con los estándares internacionales en materia de derechos de la niñez, en particular en relación con el principio de proporcionalidad de las penas y las garantías específicas que rigen para menores de edad dentro del sistema penal.

El presidente Nayib Bukele ha sido el principal impulsor del polémico proyecto que castiga con reclusión perpetua a menores de edad que cometan crímenes o se encuentren acusados de terrorismo.

El pedido del organismo se inscribe en un contexto más amplio de observación internacional sobre la política de seguridad implementada en El Salvador, marcada por un endurecimiento de las penas y una expansión del sistema penitenciario, en el marco de la denominada "guerra contra las pandillas".

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La reforma constitucional que habilita la prisión perpetua fue aprobada por la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo, y constituye uno de los cambios más significativos en el sistema penal salvadoreño en las últimas décadas. La modificación del artículo 27 de la Constitución permite aplicar esta pena exclusivamente a determinados delitos, lo que implicó un giro respecto al modelo previo basado en límites temporales de condena.

Además, el Ejecutivo planteó la necesidad de adecuar otras normativas, como la legislación penal juvenil, para que el nuevo esquema sancionatorio pueda ser aplicado de manera integral, incluyendo a menores en determinados supuestos.

La discusión sobre la aplicación de cadena perpetua a menores se produce en un contexto de fuerte debate internacional sobre los alcances de las políticas de seguridad y su impacto en los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la población joven.

En paralelo a este escenario internacional, la figura del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se mantiene como uno de los dirigentes con mayor visibilidad en la agenda pública de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto donde las discusiones sobre seguridad, justicia y políticas públicas también ocupan un lugar central en el debate político local.