2 de abril de 2026
La polémica por los préstamos otorgados por la banca estatal suma nuevos casos y genera cuestionamientos sobre los criterios de otorgamiento, en medio de vínculos políticos y diferencias con la capacidad crediticia de los beneficiarios.
La controversia por los créditos del Banco Nación continúa en expansión y ahora involucra a Federico Sharif Menem, sobrino de Martín Menem, quien accedió a un préstamo de 357 millones de pesos pese a su reciente ingreso al mercado laboral formal.
El joven, de 24 años, comenzó su primer trabajo en blanco en 2024 dentro del Congreso, donde se desempeña como secretario y colaborador cercano de su tío, además de participar en la estructura política del oficialismo.
Sharif Menem ingresó al Congreso con un salario cercano a los 2 millones de pesos en enero de 2024, en un contexto de ajuste en los ingresos del sector público.
A pesar de ello, logró acceder a un crédito por $357 millones, lo que despertó cuestionamientos sobre los criterios utilizados por el banco estatal para evaluar su perfil crediticio.
Antes de su incorporación al Estado, el joven había trabajado en una empresa familiar vinculada al sector del software.
El caso no es aislado. En los últimos días se conocieron decenas de beneficiarios que obtuvieron préstamos de alto monto en distintas provincias.
Según trascendió, un dirigente libertario de Córdoba consiguió un crédito de 250 millones de pesos, pese a que su capacidad crediticia era de apenas 4,8 millones, es decir, 52 veces menor al monto otorgado.

Dentro de la nómina de beneficiarios también aparece Felipe Núñez, cercano a Luis "Toto" Caputo y actual director del BICE.
De acuerdo a su declaración jurada de 2024, Núñez contaba con un patrimonio inferior a 20 millones de pesos y 18 mil dólares, y se había incorporado a la actividad formal ese mismo año.
Aun así, obtuvo un crédito del Banco Nación por 370 millones de pesos, lo que refuerza las dudas sobre los parámetros utilizados para aprobar estos financiamientos.
La familia Menem ya había sido vinculada previamente a otra polémica con el Banco Nación, a partir de la preadjudicación de un contrato por más de $3.900 millones a la empresa Tech Security, perteneciente a familiares del titular de la Cámara de Diputados.
En ese contexto, el otorgamiento de créditos millonarios a dirigentes y allegados al oficialismo vuelve a poner en discusión el funcionamiento de la banca pública y los mecanismos de control sobre el uso de fondos estatales.
La sucesión de casos elevó el nivel de exposición política del tema y alimenta el debate sobre la transparencia en la asignación de recursos.
Mientras tanto, crecen los pedidos de explicaciones sobre cómo se definieron estos préstamos y si existieron criterios excepcionales en su otorgamiento.
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