País. Crisis total: un Municipio de Entre Ríos pagará el salario de sus trabajadores con un polémico "bono alimentario", ante la falta de recursos

En un contexto de restricciones financieras, el municipio de Sauce de Luna, en la provincia de Entre Ríos, decidió implementar un esquema de pago mixto para los trabajadores municipales que incluye la entrega de un bono alimentario como complemento del salario, ante la imposibilidad de afrontar la totalidad de los haberes en efectivo.

La medida fue impulsada por el intendente Alcides Alderete, quien argumentó que la decisión responde a la necesidad de sostener la liquidez de la administración local en un escenario de fuerte caída de ingresos. Según explicó, el municipio enfrenta una disminución significativa en los recursos provenientes de la coparticipación, principal fuente de financiamiento para este tipo de jurisdicciones.

En ese marco, el jefe comunal detalló que se resolvió modificar un adicional que percibían los trabajadores municipales, que pasó de $30.000 a $50.000, monto que será abonado en forma de alimentos mediante tickets o bonos canjeables. "Para tener mayor liquidez y llegar a pagar la totalidad de los sueldos", indicó al explicar el cambio en la modalidad de pago.

El esquema prevé que estos bonos alimentarios puedan utilizarse en comercios locales, a partir de acuerdos alcanzados con distintos negocios de la ciudad, con el objetivo de sostener el consumo interno y permitir que los trabajadores accedan a productos básicos.

Al fundamentar la decisión, Alderete fue explícito respecto de la situación económica que atraviesa el municipio. "No tenemos la maquinita de hacer plata", afirmó, al tiempo que vinculó la problemática con la reducción de transferencias nacionales y provinciales. "La coparticipación, que es casi el único recurso que tenemos, ha disminuido mucho", agregó.

El intendente también señaló que el bono apunta a "paliar la situación actual" y expresó su expectativa de que la medida pueda ser transitoria. En ese sentido, sostuvo que durante el mes se evaluarán alternativas para evitar la continuidad de este esquema de pago en el tiempo y manifestó que mantiene "la ilusión de que esto mejore".

En paralelo, el jefe comunal remarcó que su gestión priorizó la actualización de los salarios municipales en función de la inflación y aseguró que los haberes registraron incrementos acumulados cercanos al 300%, en un intento por sostener el poder adquisitivo de los trabajadores.

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La situación de Sauce de Luna, una localidad de aproximadamente 3.300 habitantes ubicada en el departamento Federal, se inscribe en un contexto más amplio de dificultades financieras que atraviesan algunos municipios entrerrianos. De hecho, se trata del segundo caso reciente en la provincia en el que una administración local enfrenta complicaciones para sostener el funcionamiento habitual por falta de recursos.

El Municipio de Sauce de Luna justificó su decisión en la falta de recursos económicos, aunque desde el Gobierno provincial señalaron que nunca recibieron una solicitud de asistencia.

Semanas atrás, la comuna de La Providencia debió suspender sus actividades durante varios días debido a la imposibilidad de sostener los servicios, en un escenario que también estuvo vinculado a problemas de financiamiento.

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Desde el gobierno de Entre Ríos, en tanto, señalaron que no recibieron ningún pedido formal de asistencia por parte de la intendencia de Sauce de Luna y remarcaron que no se trata de una situación generalizada en la provincia. "No hay ningún otro municipio atravesando una situación de estas características. Es un caso aislado", indicaron fuentes cercanas a la administración provincial.

En esa línea, también destacaron que, en términos generales, los gobiernos locales han logrado sostener el equilibrio de sus cuentas y que no se observa un escenario de crisis extendida en el conjunto de los municipios entrerrianos.

Mientras tanto, la implementación del bono alimentario comenzó a aplicarse en el marco del cronograma de pagos de haberes correspondiente al inicio de abril, en una medida que refleja las tensiones financieras que enfrentan algunas administraciones locales y las estrategias adoptadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales.