País. El Gobierno de La Pampa presentó un amparo colectivo para frenar la Ley de Glaciares

El gobierno de la provincia de La Pampa avanzó con la judicialización de la reciente reforma de la Ley de Glaciares al presentar un amparo colectivo ambiental ante la Justicia federal, con el objetivo de suspender la aplicación de la norma hasta que se resuelva su constitucionalidad. La presentación fue radicada en el juzgado federal de Santa Rosa y contó con el acompañamiento de la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos.

La decisión fue anunciada por el gobernador Sergio Ziliotto, quien fundamentó la medida en el impacto que la modificación legislativa podría tener sobre los recursos hídricos de la provincia. "La Pampa no tiene glaciares, pero sí depende del único río que hoy corre por la provincia, que es de origen glacial. También los otros dos que ya no corren. A partir de esta ley va a haber menos agua", advirtió el mandatario al explicar los motivos de la acción judicial.

El planteo judicial solicita expresamente que la norma no entre en vigencia hasta que se defina si resulta compatible o no con la Constitución Nacional. La presentación fue impulsada con el patrocinio de la fiscal de Estado, Romina Schmidt, y del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quienes sostuvieron que la reforma podría generar perjuicios concretos para la provincia.

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"El daño que tiene la provincia de La Pampa no es un daño abstracto, es un daño real. En el momento en el que no llegue más agua de calidad y cantidad en el río Colorado, van a sufrirlo todos los habitantes", advirtió Schmidt, al referirse a las posibles consecuencias de la aplicación de la ley sobre el principal recurso hídrico de la región.

El gobierno de La Pampa llevó a la Justicia la reforma de la Ley de Glaciares

En la misma línea, Gil Domínguez remarcó el alcance de la presentación judicial y su carácter colectivo: "Es una ley que nos va a quitar nuestros derechos sobre el agua y va a perjudicar el ambiente", expresó, al tiempo que sostuvo que la acción "va mucho más allá de la representatividad que tenemos quienes hemos firmado esta acción: estamos defendiéndonos a todos y a cada uno de los pampeanos".

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El conflicto se inscribe en una discusión más amplia en torno a la reforma de la Ley de Glaciares, sancionada recientemente por el Congreso, que introduce cambios en los criterios de protección de los cuerpos de hielo y el ambiente periglaciar. La normativa original establecía restricciones a actividades que pudieran afectar estas reservas estratégicas de agua, consideradas fundamentales para el abastecimiento y el equilibrio ambiental.

Desde el gobierno pampeano, el eje de la preocupación radica en la dependencia de la provincia respecto de los cursos de agua que tienen origen en zonas glaciares. En ese sentido, se remarcó que cualquier modificación en las condiciones aguas arriba puede tener consecuencias directas sobre los territorios ubicados aguas abajo, tanto en términos de disponibilidad de agua como en su calidad.

La cuestión hídrica tiene además un antecedente de larga data en la provincia, que mantiene desde hace más de medio siglo un conflicto con Mendoza por el uso del río Atuel, al que se suma la expectativa por el cumplimiento de fallos judiciales vinculados al caudal mínimo de ese curso. En ese contexto, la evolución de los recursos hídricos adquiere una relevancia central para la actividad productiva, el riego y la vida cotidiana de la población.

La presentación del amparo se suma a un escenario en el que distintos sectores anticipan una creciente judicialización de la reforma de la Ley de Glaciares, con la posibilidad de que múltiples acciones similares sean impulsadas en diferentes jurisdicciones del país.

De este modo, la decisión del gobierno de La Pampa abre un nuevo capítulo en la disputa en torno a la normativa, al trasladar el debate al ámbito judicial y poner en discusión los alcances de una ley que impacta directamente sobre la gestión de los recursos naturales y el acceso al agua en distintas regiones del país.