12 de abril de 2026
Más de 27 millones de ciudadanos participan de unos comicios atravesados por la fragmentación política, la crisis institucional y la desconfianza hacia la dirigencia.
Urna. Perú busca dejar años de inestabilidad política.
Perú celebra este domingo una de las elecciones más complejas de su historia reciente, con más de 27,3 millones de ciudadanos habilitados para votar y una oferta electoral marcada por la dispersión: 35 candidatos compiten por la presidencia, mientras los votantes también deberán elegir un nuevo Congreso bicameral y representantes para el Parlamento Andino.
El proceso electoral se desarrolla en medio de una profunda crisis de representación política, luego de una década marcada por la inestabilidad institucional y la sucesión de gobiernos. Los resultados de esta jornada podrían definir no solo el futuro del Ejecutivo, sino también el rumbo político del país tras años de turbulencias.
Además de elegir presidente y vicepresidentes, los peruanos votan por 130 diputados, 60 senadores y cinco representantes ante el Parlamento Andino, lo que marca el regreso del sistema legislativo bicameral, eliminado en 1992.
La reforma busca reconfigurar el equilibrio institucional y limitar el uso reiterado de la vacancia presidencial por incapacidad moral, un mecanismo constitucional que en la última década fue utilizado de forma recurrente y que contribuyó a debilitar al Poder Ejecutivo.
Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la boleta electoral de este domingo es la más extensa de la historia republicana, con más de 40 centímetros de largo y cinco columnas destinadas a cada cargo.
Los locales de votación permanecen abiertos entre las 7:00 y las 17:00, en un sistema donde el voto es obligatorio hasta los 70 años y voluntario a partir de esa edad.
El proceso electoral se produce en un contexto de desconfianza récord hacia las instituciones. En los últimos diez años, Perú tuvo ocho presidentes, una cifra inédita en la región que refleja la crisis del sistema político.
Durante ese período, cuatro mandatarios fueron destituidos por el Congreso, dos renunciaron y otros dos encabezaron gobiernos de transición.
La percepción ciudadana acompaña ese deterioro institucional: la aprobación del Congreso ronda el 5% y la del Ejecutivo apenas el 3%, según estudios citados por analistas políticos y centros de investigación peruanos.
Las encuestas previas a la votación muestran además un escenario altamente fragmentado, donde ningún candidato supera el 15% de intención de voto y más del 40% del electorado se declara indeciso.
La extensa lista de postulantes combina figuras tradicionales, outsiders mediáticos, empresarios y exfuncionarios.
Entre los nombres más conocidos aparece Keiko Fujimori, candidata por cuarta vez y representante de Fuerza Popular, quien reivindica el legado de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, y propone políticas de "orden y mano dura" contra el crimen.
Otro candidato destacado es Carlos Álvarez, comediante y presentador televisivo que compite como outsider con el partido País Para Todos, con propuestas como la "pena de muerte para sicarios" y un discurso abiertamente antiestablishment.
También figura el empresario y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, quien propone expulsar migrantes irregulares, construir cárceles en la Amazonía y reforzar el combate contra la delincuencia.
A ellos se suman otros aspirantes relevantes como Ricardo Belmont, exalcalde de Lima; Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra; Roberto Sánchez, exministro; y Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre que permanece prófugo de la justicia.
Uno de los temas centrales de la campaña es el avance del crimen organizado.
Las estadísticas muestran un crecimiento sostenido de la violencia: los homicidios pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025, mientras que las denuncias por extorsión aumentaron de 3.200 a más de 26.500 en el mismo período, según datos de la policía peruana.
La expansión del crimen organizado vinculado a la minería ilegal y otras economías ilícitas desplazó incluso a la corrupción como principal preocupación ciudadana.
A pesar de ello, especialistas advierten que muchos candidatos evitan detallar planes concretos para reformar la policía, el sistema penitenciario o la justicia, lo que alimenta el escepticismo del electorado.
Los menores de 30 años representan alrededor del 26% del padrón electoral, por lo que su comportamiento puede ser decisivo.
Sin embargo, diversos estudios indican que entre los jóvenes predomina el desencanto con la política tradicional, aunque no necesariamente el desinterés por la vida pública.
En 2025, por ejemplo, protestas protagonizadas por la generación Z contribuyeron a precipitar la caída del gobierno de Dina Boluarte, mostrando su capacidad de movilización frente a la crisis institucional.
El proceso electoral también es seguido con atención por Estados Unidos y China, dos actores clave en la economía peruana.
China se convirtió en el principal socio comercial del país e invirtió más de 38.000 millones de dólares entre 2000 y 2022, además de controlar una parte significativa del sector minero.
La inauguración del puerto de Chancay en 2024, operado por la empresa china Cosco Shipping, despertó preocupación en Washington por su potencial uso estratégico.
El resultado de los comicios será determinante para redefinir el sistema político peruano tras años de crisis.
La restauración del Congreso bicameral aparece como un intento de reconstruir los contrapesos institucionales, pero la fragmentación partidaria, la desconfianza ciudadana y la falta de consensos políticos anticipan un escenario complejo para el próximo gobierno.
En ese contexto, el desafío central será reconstruir la legitimidad democrática, enfrentar la inseguridad y estabilizar un sistema político que en la última década mostró una volatilidad inédita en América Latina.
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