13 de abril de 2026
El expresidente está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública, por el supuesto direccionamiento de contratos a través de Nación Seguros, que habrían beneficiado a brokers cercanos (entre ellos, su amigo Héctor Martínez Sosa). Durante la audiencia, el exmandatario leyó un fuerte descargo y afirmó: "Parece que los únicos que tenemos que rendir cuentas somos los que pensamos como Perón". Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky escucharon los argumentos de la defensa. Ahora tienen un plazo de hasta 20 días para decidir si confirman el procesamiento (y lo acerca al juicio oral), lo revocan o dictan falta de mérito.
Fernández está procesado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Este
lunes 13 de abril, el expresidente Alberto Fernández se presentó personalmente
en los tribunales de Comodoro Py (Buenos Aires) para una audiencia oral y
pública ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Allí pidió que
se revoque su procesamiento en la llamada Causa Seguros.
Cabe
recordar que la investigación (iniciada en 2023-2024) apunta a presuntas
irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos durante
su gestión (2019-2023).
Según
la acusación mediante el decreto 823/2021, se centralizó en Nación Seguros la
contratación de pólizas de seguros para entes estatales, sin licitación pública
ni los procedimientos habituales de selección.
Esto
habría beneficiado a brokers privados (principalmente al amigo de Fernández,
Héctor Martínez Sosa, junto a su esposa María Cantero y otros), que percibieron
comisiones millonarias (se habla de más de 2.200 millones de pesos para su
grupo, equivalente a cerca del 60% del total en algunos períodos).
Fernández
está procesado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de
la función pública (art. 265 del Código Penal). Se lo acusa de haber
direccionado los contratos de manera irregular, aprovechando su posición y
vínculo personal con los beneficiarios. También hay un embargo millonario sobre
sus bienes y prohibición de salida del país (sin autorización judicial).
El
procesamiento fue confirmado en noviembre de 2025 por la Cámara Federal de
Comodoro Py (Sala II), lo que lo dejó en condiciones de ir a juicio oral.
Fernández
siempre negó las acusaciones, argumentando que no tuvo conocimiento ni
participación directa en maniobras irregulares y que las decisiones fueron
administrativas legítimas.
La
Sala IV de Casación (jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky)
convocó la audiencia para escuchar los argumentos de la defensa, que busca la
nulidad o revocación del procesamiento.
Fernández
asistió personalmente, ingresó rodeado de custodia y leyó un descargo fuerte:
pidió a los jueces que "hagan justicia" y revoquen el fallo en su contra. Dijo
frases como "los únicos que tenemos que rendir cuentas somos los funcionarios
públicos".
La
defensa insiste en que no hay pruebas de su participación directa y que el caso
debe anularse o revertirse.
Todavía no hay resolución de Casación (es la instancia que revisa si se confirma o revoca el procesamiento). La audiencia fue clave para que las partes expongan sus posiciones antes de que el tribunal decida.
Esta
Esta
causa es uno de los expedientes judiciales más relevantes que involucran a
Alberto Fernández tras dejar el poder.
Hay
otras aristas (como posibles testimonios de Vilma Ibarra y Santiago Cafiero que
el juez Ariel Lijo aceptó incorporar recientemente), pero el núcleo es el
direccionamiento de negocios estatales a través de Nación Seguros.
La otra cara del poder.
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