Economía. Reflejo de la crisis: 4,8 millones de personas registran una mora superior a los 3 meses

La Cámara de Diputados puso en marcha el tratamiento de una serie de iniciativas orientadas a abordar el crecimiento de la morosidad familiar, en un escenario marcado por el aumento del endeudamiento de los hogares y la dificultad creciente para afrontar obligaciones financieras básicas. Durante una reunión informativa en la Comisión de Defensa del Consumidor, legisladores y especialistas comenzaron a analizar distintas propuestas que buscan dar respuesta a una problemática que se expande en todo el país.

El punto de partida del debate estuvo atravesado por datos que reflejan la magnitud del fenómeno. Según se expuso durante el encuentro, actualmente hay 4,8 millones de personas en situación de mora superior a los tres meses, lo que representa un incremento del 45% interanual, equivalente a cerca de 1,5 millones de nuevos deudores en esa condición.

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En ese contexto, los niveles de incumplimiento difieren según el tipo de entidad crediticia. La morosidad en entidades financieras alcanzó el 11,2%, mientras que en el segmento de prestadores no financieros trepó al 29,9%, en un escenario donde las tasas de interés se ubican por encima de la inflación proyectada, lo que agrava la capacidad de pago de los hogares.

En Diputados comenzó el debate por la morosidad familiar y el endeudamiento de los hogares.

Durante la jornada, distintos expositores coincidieron en señalar que el endeudamiento dejó de estar vinculado a consumos extraordinarios para convertirse en un recurso destinado a cubrir gastos corrientes. En ese marco, se advirtió que el aumento del costo de vida en rubros esenciales superó ampliamente la evolución general de precios, con subas del 423% en alquileres, 539% en servicios y 447% en transporte desde fines de 2023 hasta marzo de 2026.

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El presidente de la comisión, Hugo Yasky, anticipó que el debate continuará en nuevas reuniones con la participación de más actores, en busca de consensos entre los distintos bloques. Según se indicó, existen al menos seis proyectos impulsados por cinco espacios políticos que abordan la problemática desde distintas perspectivas, aunque todos coinciden en la necesidad de intervenir frente al avance del sobreendeudamiento.

Entre las exposiciones, el funcionario de la Defensoría del Pueblo porteña, Arturo Pozzali, señaló que se registra "un permanente aumento de reclamos" y advirtió que la morosidad se acerca al 22% en algunos segmentos, en un contexto de multiendeudamiento donde las familias combinan créditos personales, tarjetas y otros financiamientos. También alertó sobre el impacto de las "moras automáticas" en la acumulación de deuda.

Por su parte, Ariadna Ciammarriello, de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario, describió un esquema de "endeudamiento circular", en el que los hogares toman nuevos créditos para cancelar obligaciones previas, generando una dinámica de refinanciación permanente sin reducción real del pasivo.

En la misma línea, la directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Alejandra Fernández Scarano, sostuvo: "no está mal que la gente acceda a los créditos, pero si un Gobierno va a tener una política para que las personas puedan acceder a los créditos, también tiene que tener una política sobre los ingresos para que la gente pueda pagar los créditos y que estos puedan ser sustentables". Y agregó: "La gente tiene voluntad de pago, pero no tiene ingresos para hacerlo".

El conjunto de proyectos en debate incluye distintas herramientas orientadas al desendeudamiento familiar. Una de las iniciativas propone la creación de una línea de crédito directa de ANSES para cancelar deudas en condiciones más favorables, con montos de hasta $1.500.000. Otra plantea declarar la emergencia crediticia por dos años, con mecanismos de auditoría y reestructuración que limiten el peso de las cuotas al 30% de los ingresos.

También se analizan propuestas que contemplan la condonación parcial de deudas, la suspensión de ejecuciones judiciales por 90 días, la creación de un Programa Nacional de Alivio Financiero y modificaciones a la legislación vigente para otorgar mayor protección a los deudores de créditos de consumo.

En paralelo, algunas iniciativas buscan regular el sistema crediticio mediante esquemas de alerta temprana, límites al endeudamiento y nuevas reglas sobre la publicidad de productos financieros, con el objetivo de prevenir situaciones de sobreendeudamiento.

El debate en Diputados se inscribe en un contexto más amplio de deterioro en la capacidad de pago de los hogares, donde el crédito aparece cada vez más asociado a la cobertura de necesidades básicas. La discusión legislativa continuará en las próximas semanas, con el objetivo de avanzar en una respuesta normativa frente a una problemática que ya alcanza a millones de personas.