El conflicto entre la Asociación Trabajadores del Estado y el gobierno de Santa Cruz escaló en las últimas horas tras la detención de dos dirigentes sindicales durante una protesta en el Hospital Distrital de Las Heras. Horas después, ambos fueron liberados, pero la situación, lejos de cerrarse, dejó al descubierto un clima de creciente tensión política y gremial en la provincia.
Se trata de la secretaria general de ATE Las Heras, Marlene Gómez, y del coordinador provincial de municipales, José Vilán, quienes fueron arrestados mientras participaban de una jornada de reclamo en el marco de un paro de 72 horas impulsado por el sindicato.
Ambos recuperaron la libertad tras pasar la noche detenidos, en un episodio que generó una inmediata reacción del arco gremial.
Reacción sindical y ocupación en Río Gallegos
La detención de los referentes desató una rápida respuesta de ATE en toda la provincia. Militantes y dirigentes resolvieron permanecer dentro del Consejo Provincial de Educación, en Río Gallegos, para exigir su liberación y denunciar una escalada en el conflicto.
Desde el gremio aseguraron que la protesta en Las Heras se desarrollaba de forma pacífica y cuestionaron el accionar de las fuerzas de seguridad, al que calificaron como desmedido. Además, denunciaron un intento de "criminalizar la protesta sindical", en un contexto de reclamos salariales sin resolución.
El trasfondo: salarios y pérdida de poder adquisitivo
El eje de la disputa sigue siendo la negociación paritaria. ATE exige una recomposición urgente de los salarios estatales y advierte que, en lo que va del año, los ingresos quedaron rezagados frente al avance de la inflación.
En paralelo, el ministro de Economía provincial, Exequiel Verbes, anticipó que la convocatoria a paritarias se anunciará "en breve", aunque sin precisar fechas ni propuestas concretas.
Duro comunicado del Frente Sindical
El conflicto también derivó en un fuerte pronunciamiento del Frente Sindical de Santa Cruz, que emitió un comunicado desde Río Gallegos con críticas directas al accionar judicial.
El espacio expresó su "más enérgico repudio" a las detenciones y advirtió: "El accionar del juez Quelín viola la libertad sindical, el legítimo derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión".
Además, remarcaron que estos derechos están garantizados por la Constitución Nacional y forman parte del funcionamiento cotidiano de las organizaciones gremiales.
Críticas al Gobierno y falta de diálogo
El documento también apuntó contra el Ejecutivo provincial por la falta de instancias de negociación. "Los reclamos de los trabajadores se resuelven con una genuina actitud de diálogo, dando respuestas concretas y cumpliendo lo acordado", señalaron.
Sin embargo, denunciaron que el Gobierno "no cumple con ninguno de estos principios básicos de una negociación de buena fe" y que, por el contrario, "amedrenta con represión, calumnia a los sindicatos que luchan y ahora encarcela a dirigentes sindicales".
En ese marco, advirtieron sobre el impacto del conflicto: "La criminalización de la organización de los trabajadores no puede ser el camino, profundiza el conflicto y pone en riesgo la paz social".
Exigencias y advertencia de nuevas medidas
En el tramo final del comunicado, el Frente Sindical fue contundente: "Exigimos la inmediata liberación de todos los compañeros detenidos, el cese de cualquier forma de persecución y el pleno respeto a los derechos de las organizaciones sindicales".
También responsabilizaron a las autoridades por la integridad de los trabajadores involucrados y convocaron a una respuesta colectiva: "Convocamos a todos los gremios, organizaciones sociales y a la comunidad en general a mantenerse en estado de alerta y movilización, en defensa de los derechos conquistados y de la democracia".
Un conflicto abierto
Si bien la liberación de Gómez y Vilán descomprimió la situación judicial inmediata, el conflicto de fondo permanece sin resolución. Desde ATE ya anticiparon que las medidas de fuerza continuarán si no hay avances concretos en la negociación salarial.
El escenario en Santa Cruz combina tensión gremial, reclamos económicos y cuestionamientos institucionales, en un cuadro que amenaza con profundizarse en las próximas semanas.
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