18 de abril de 2026
El equipo económico avanza en un esquema de financiamiento alternativo con organismos internacionales, colocaciones locales y privatizaciones para afrontar vencimientos clave sin emitir deuda en condiciones adversas.
Con el foco puesto en los próximos vencimientos en dólares, el gobierno de Javier Milei avanza en el armado de un andamiaje financiero que le permita reunir hasta USD 10.000 millones sin recurrir a los mercados internacionales. El objetivo es cubrir compromisos con acreedores privados previstos para julio de 2026 y enero y julio de 2027, por un total cercano a los USD 9.000 millones.
La estrategia combina financiamiento multilateral, licitaciones en el mercado local y venta de activos públicos, en un contexto donde el riesgo país todavía encarece cualquier intento de colocación de deuda soberana en el exterior.
Durante su paso por Washington, el ministro de Economía Luis Caputo avanzó en acuerdos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que ofrecerán garantías por USD 2.550 millones en total.
En concreto, el Banco Mundial aportaría USD 2.000 millones, mientras que el BID sumaría USD 550 millones. Estas garantías funcionan como un "seguro" para atraer financiamiento privado en mejores condiciones, permitiendo refinanciar deuda, bajar costos y mejorar el acceso al crédito.
Caputo fue claro sobre la lógica del plan: "Lo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado. ¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado".
El Gobierno descarta por ahora volver al financiamiento externo debido al costo. Según estimaciones oficiales, emitir deuda en dólares implicaría tasas superiores al 9% anual, mientras que el esquema en negociación con organismos multilaterales permitiría acceder a tasas de entre 5,5% y 6,5% por un plazo de seis años.
El equipo económico apuesta a que el riesgo país -medido por JP Morgan- continúe bajando para eventualmente volver a los mercados en mejores condiciones.

El armado financiero contempla varias fuentes de financiamiento:
Con esta combinación, el Ejecutivo apunta a reunir alrededor de USD 8.000 millones para cubrir los principales vencimientos y contar con un margen adicional de USD 2.000 millones para futuras obligaciones.
En cuanto a los pagos, Caputo explicó que de los USD 4.300 millones que vencen cada semestre, unos USD 3.000 millones corresponden a capital, que es lo que se busca refinanciar, mientras que los USD 1.300 millones en intereses se cubrirán con superávit fiscal.
La venta de activos públicos aparece como un pilar central del esquema. El proceso está a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, liderada por Diego Chaher, y contempla compañías como Intercargo, AySA, Belgrano Cargas y Sofse.
Un antecedente reciente fue la concesión de cuatro represas hidroeléctricas en Neuquén y Río Negro, que generó ingresos por más de USD 706 millones, utilizados para afrontar vencimientos de enero de 2026.
La idea del Gobierno es replicar este mecanismo para sostener el pago de deuda sin tensionar las reservas.

Según analistas, este esquema podría modificar la composición del endeudamiento argentino. Actualmente, la deuda bruta equivale al 78,4% del PBI, con un 21,8% en manos de organismos internacionales y un 34,2% en el sector privado.
Un mayor peso del financiamiento multilateral incrementaría la participación de estos organismos y reduciría la exposición a acreedores privados, aunque no sin condiciones.
Los especialistas advierten que el respaldo de organismos como el Banco Mundial y el BID no es neutral. Suele estar atado a compromisos de política económica orientados a "fortalecer el crecimiento, la inversión y el empleo", lo que en la práctica implica ajustes regulatorios, disciplina fiscal y acumulación de reservas.
En este contexto, el Gobierno busca ganar tiempo y evitar costos financieros elevados, mientras sostiene su estrategia de estabilización. El éxito del plan dependerá tanto de la evolución del riesgo país como de la capacidad de ejecutar privatizaciones y sostener el equilibrio fiscal.
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