18 de abril de 2026
La demora en obras clave genera un cuello de botella energético que podría limitar el transporte de gas hacia el norte, en medio de un conflicto entre la contratista y la empresa estatal.
Obra. El avance de los trabajos en el gasoducto está frenado hace varias semanas.
La reversión del Gasoducto Norte fue presentada por el Gobierno como una obra clave para reconfigurar el mapa energético argentino y llevar más gas desde Vaca Muerta hacia el norte del país. Sin embargo, detrás de esa inauguración parcial quedó pendiente una etapa decisiva: la adecuación de cuatro plantas compresoras que hoy siguen prácticamente frenadas por un conflicto entre la contratista Esuco y la estatal Enarsa.
Por ahora, la demora no tiene un impacto operativo pleno porque el sistema todavía no cuenta con capacidad suficiente para elevar significativamente los envíos. Pero esa situación podría cambiar cuando TGS finalice la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, momento en el que quedará al descubierto el verdadero límite de la infraestructura: un tramo estratégico sin terminar que amenaza con transformarse en un nuevo cuello de botella energético.
En noviembre de 2024, el Gobierno inauguró la reversión del Gasoducto Norte. La obra incluyó la construcción de un gasoducto de 122,8 kilómetros para interconectar los sistemas Centro-Oeste y Norte entre La Carlota y Tío Pujio, además de la instalación de 62 kilómetros de loop al norte de la planta compresora de Tío Pujio. Ese avance permitió comenzar a transportar hasta 15 millones de metros cúbicos de gas por día desde Vaca Muerta hacia el norte argentino.
Pero para completar el proyecto y llevar la capacidad a 19 millones de metros cúbicos diarios, todavía falta terminar la adecuación de las plantas compresoras de Lavalle, Lumbreras, Deán Funes y Ferreyra. Ese tramo es el que permanece demorado y el que hoy concentra la principal preocupación del sector.
El contrato para avanzar con esas cuatro plantas fue firmado el 11 de abril de 2024. Según el cronograma original, los trabajos debían concluir entre marzo y junio de 2025. Sin embargo, la ejecución se fue frenando durante el segundo semestre del año pasado, cuando Esuco decidió paralizar la actividad por falta de pagos.
La contratista, comandada por Carlos Wagner, reclamaba a fines de octubre una deuda de 42.000 millones de pesos, no sólo por estas obras del Gasoducto Norte sino también por otros contratos ya concluidos, como las plantas compresoras de Mercedes y Salliqueló. En ese momento, la empresa planteó que la falta de cobros la obligaba a sostener la continuidad con financiamiento propio a tasas de mercado, algo que alteraba por completo la estructura de costos original.
En un documento enviado al Gobierno, Esuco sostuvo: "Los pagos debidos a esta contratista en relación a los trabajos de obra efectivamente realizados y certificados, resultan ser la principal y natural fuente de financiación de las obras, de modo que los incumplimientos del comitente sobre el particular han obligado a la empresa a financiar la continuidad a tasas de mercado que superan ampliamente las previstas en la estructura de costos original. Esta situación ha generado un desequilibrio estructural que no puede ser absorbido indefinidamente por la contratista sin comprometer la calidad y oportunidad de las prestaciones".
El reclamo de Esuco apunta directamente a Enarsa, la empresa estatal que licitó la obra y que tiene la responsabilidad principal sobre su ejecución. La compañía está conducida por Tristán Socas, un funcionario que llegó al cargo a fines de 2024 por su cercanía con el asesor presidencial Santiago Caputo.
A comienzos de este año, Enarsa comenzó a liberar algunos pagos para intentar reactivar las obras, pero no giró los fondos directamente a Esuco sino a subcontratistas de la firma. Según fuentes oficiales, si los pagos se transferían a la contratista, los acreedores bancarios podían bloquearlos, afectando la continuidad del proyecto. Por eso, la estrategia fue cancelar de manera directa trabajos y provisiones de terceros.
La intención de Enarsa, de acuerdo con esas mismas fuentes, sería incluso avanzar en el desplazamiento de Esuco. Sin embargo, esa definición todavía no fue formalizada y el conflicto sigue abierto.
En la intimación enviada a fines de octubre, Esuco detalló que mantiene tres contratos con Enarsa:
LPN GPNK 07/22: Planta compresora Mercedes.
LPN GPNK 12/22: Planta compresora Salliqueló, bajo la figura de UTE con Contreras y participación del 50%.
LPN GPNK 02/2024: Reversión del Gasoducto Norte, para lograr la operación bidireccional de las plantas compresoras de Ferreyra, Deán Funes, Lavalle y Lumbreras.
Según la empresa, el nivel de deuda acumulada en esos tres contratos ascendía a 42.857.690.230 pesos, de los cuales 30.859.944.731 pesos correspondían específicamente a Esuco.
La planta compresora Mercedes ya está en funcionamiento. Enarsa informó oficialmente que su puesta en marcha se produjo en diciembre de 2024 y permitió sumar 6 millones de metros cúbicos por día al sistema Mercedes-Cardales, elevando la capacidad total de ese gasoducto a 15 millones de metros cúbicos diarios. Pese a eso, Esuco reclama 11.419 millones de pesos por certificados de obra y otros 2.815 millones por trabajos complementarios, sin contar intereses por mora.
La situación se repite en Salliqueló, otra obra ya concluida e inaugurada por Enarsa en octubre de 2024. Allí, la estatal mantiene una deuda con la UTE integrada por Esuco y Contreras de 5.224 millones de pesos por facturas vencidas y otros 18.771 millones por adecuaciones provisorias de precios derivadas del decreto 490/23.
El contrato más problemático es el correspondiente a la reversión del Gasoducto Norte, porque se trata de una obra todavía inconclusa y cuya ejecución quedó prácticamente detenida. Según informó Esuco, en septiembre del año pasado el grado de avance de las cuatro plantas compresoras era el siguiente:
Planta Compresora Lavalle: 75,1%
Planta Compresora Lumbreras: 63,59%
Planta Compresora Deán Funes: 27,53%
Planta Compresora Ferreyra: 51,15%
Los plazos previstos indicaban que Lavalle y Lumbreras debían estar listas el 15 de marzo de 2025, mientras que Deán Funes y Ferreyra tenían fecha de finalización para el 15 de junio de 2025. Nada de eso ocurrió.
En este caso, Esuco afirma que la deuda por certificados de obra asciende a 6.267 millones de pesos, aunque aclara que ese monto no incluye intereses por mora ni otros trabajos adicionales realizados a pedido del comitente y de TGS, todos documentados y presentados formalmente.
La parálisis actual todavía no genera un colapso visible en el sistema porque el transporte disponible no alcanza para exigir al máximo la infraestructura. Pero esa tregua puede durar poco. Cuando TGS concluya la expansión del Gasoducto Perito Moreno, la falta de avance en estas plantas compresoras dejará de ser un problema administrativo para convertirse en una limitación concreta sobre el abastecimiento.
En otras palabras, la Argentina puede terminar con más gas disponible en Vaca Muerta, pero sin la capacidad técnica suficiente para moverlo al norte en los volúmenes prometidos. Y ahí la obra inconclusa de las plantas compresoras dejará expuesto el costo real de una pelea entre contratista y Estado que, hasta ahora, sigue sin resolución.
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