País. Capital Humano apelará la decisión de la Justicia de reestablecer el programa Volver Al Trabajo

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, resolvió avanzar con la apelación judicial contra la medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Campana, que ordenó restablecer el pago del programa Volver al Trabajo a cerca de un millón de personas, en una decisión que impacta directamente en la política social y en la administración de recursos públicos.

La resolución judicial fue adoptada a partir de una presentación realizada por cinco personas, a la que el tribunal hizo lugar, disponiendo que se reactive el esquema de transferencias para quienes formaban parte del programa. Según lo dispuesto, el Estado debe retomar los pagos pese a que, de acuerdo con la postura oficial, el plan ya había finalizado.

Desde el Ministerio, se informó que el programa Volver al Trabajo "finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento de su creación", y que su cierre había sido acompañado por una convocatoria masiva dirigida a los beneficiarios para acceder a vouchers de capacitación laboral orientados a la inserción en el empleo formal.

En ese marco, la cartera que encabeza Pettovello cuestionó el alcance del fallo judicial al sostener que la medida cautelar ordena reactivar pagos correspondientes a un programa que, según su interpretación, ya no se encuentra vigente. En el mismo comunicado oficial se remarcó que la decisión judicial obliga a restablecer transferencias a "casi un millón de personas que se encontraban incluidas en el Programa Volver al Trabajo, que reiteramos, se encuentra vencido en su plazo legal de duración".

La decisión del Ejecutivo de recurrir el fallo se fundamenta en el impacto fiscal que implicaría su cumplimiento. En ese sentido, se advirtió que la medida genera "graves consecuencias sobre el presupuesto", en un contexto en el que el Gobierno busca redireccionar partidas hacia otras políticas públicas vinculadas a la formación laboral.

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El conflicto se produce en un escenario en el que la Justicia intervino para frenar la discontinuidad del programa, estableciendo que los pagos deben ser restablecidos de manera inmediata, lo que en los hechos impide avanzar con el esquema de reemplazo previsto por el Ministerio.

La Justicia ordenó restablecer pagos a casi un millón de beneficiarios.

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De acuerdo con lo informado, la estrategia oficial contemplaba sustituir el programa por mecanismos orientados a la capacitación y la inserción laboral, en línea con una política de reconversión de la asistencia social. Sin embargo, la resolución judicial obliga a mantener vigente el esquema original al menos hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

La medida cautelar, además, introduce un nuevo frente judicial para el Gobierno, que deberá sostener los pagos mientras se tramita la apelación, en un contexto de discusión sobre el alcance de las políticas sociales y su financiamiento.

El caso pone en el centro del debate la continuidad de programas de asistencia y la facultad del Ejecutivo para redefinirlos, en medio de un proceso judicial que condiciona la implementación de cambios en el esquema vigente.