23 de abril de 2026
El gobierno de Javier Milei dispuso prohibir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, en una decisión sin antecedentes recientes que se vincula a una investigación por presunto espionaje ilegal y a una denuncia penal contra trabajadores de prensa.
El gobierno nacional resolvió impedir desde este jueves el acceso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, en una medida de alcance general que afecta a los medios que cubren de manera habitual la actividad oficial en la sede de Gobierno. La decisión fue confirmada por fuentes oficiales y se implementó sin un comunicado formal previo.
La disposición implica la revocación de las acreditaciones vigentes y la eliminación del sistema de ingreso mediante huellas dactilares, mecanismo que se utilizaba para autorizar el acceso cotidiano de los trabajadores de prensa a Balcarce 50.
Según indicaron fuentes gubernamentales, la medida responde a la necesidad de profundizar una investigación vinculada a un presunto caso de espionaje ilegal, además de una denuncia penal presentada contra dos periodistas del canal Todo Noticias (TN), luego de la difusión de imágenes tomadas en el interior de la sede gubernamental.
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En ese sentido, desde el Ejecutivo señalaron: "Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal", y agregaron que la continuidad de los permisos quedará supeditada al avance de la causa judicial en curso.
Además, explicaron que "se dejó sin efecto la prórroga de la acreditación 2025, y hasta que no se esclarezca el tema de los videos, no se va a permitir el ingreso a ningún periodista", lo que establece un bloqueo total al acceso de la prensa acreditada hasta nuevo aviso.

La medida alcanza a todos los periodistas acreditados en la Casa Rosada
La medida se produce luego de una serie de restricciones previas que habían afectado a determinados medios durante semanas, pero que en esta oportunidad se amplían a la totalidad de los periodistas que desempeñan tareas en la Casa de Gobierno, alcanzando a alrededor de 60 trabajadores de prensa.
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En paralelo, la decisión fue ejecutada por la Casa Militar, organismo responsable de la seguridad de la sede gubernamental, que también intervino en la denuncia penal presentada el día anterior contra los periodistas involucrados en el caso que motivó la medida.
Los trabajadores de prensa que se presentaron en la mañana del jueves para cumplir con su labor cotidiana se encontraron con la imposibilidad de ingresar, en un contexto marcado por la ausencia de explicaciones oficiales detalladas y por la implementación inmediata de la restricción.
El cierre del acceso a la prensa en la Casa Rosada constituye un hecho con escasos antecedentes, ya que la sala destinada a los periodistas se mantuvo operativa durante distintos períodos históricos, incluyendo gobiernos democráticos y de facto.
La decisión se enmarca en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y los medios de comunicación, con antecedentes recientes de restricciones puntuales y cuestionamientos públicos hacia el trabajo periodístico
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