25 de abril de 2026
Uno de los medios afectados pidió que el Gobierno levante el bloqueo al ingreso de periodistas acreditados. La medida fue tomada tras una denuncia por presunto espionaje y abrió un fuerte debate sobre libertad de expresión y acceso a la información pública.
Afuera. Por el momento, la prensa no puede ingresar a la Casa Rosada.
El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y la prensa sumó un capítulo judicial este viernes 24 de abril, luego de que se presentara ante la Justicia el primer amparo contra la decisión oficial de prohibir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada.
La acción fue impulsada por NEFIR S.A. y Editorial Amfin S.A., propietarias del diario Ámbito Financiero, que solicitaron a la Justicia que obligue al Ejecutivo a restituir de inmediato el acceso de las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano a la sede presidencial. El planteo sostiene que la restricción vulnera derechos constitucionales básicos, como la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
La medida oficial se conoció el jueves 23 de abril, cuando el Ejecutivo dio de baja los ingresos con huella digital y retiró los permisos de acceso a todos los periodistas acreditados en la Casa Rosada.
La decisión paralizó la actividad habitual en la sala de prensa presidencial y fue justificada por el Gobierno como una acción preventiva vinculada a razones de seguridad nacional.
Desde la Secretaría de Prensa, a cargo de Javier Lanari, explicaron: "Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal".
El argumento oficial se apoyó en una denuncia penal realizada por el titular de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez, contra dos periodistas de Todo Noticias (TN) por presunto espionaje ilegal.
El caso comenzó luego de que TN emitiera un informe con imágenes de pasillos internos de la Casa Rosada, supuestamente grabadas por un periodista acreditado mediante lentes con cámara, sin autorización oficial.
Tras conocerse el episodio, el presidente Javier Milei publicó duros mensajes en su cuenta de X contra los periodistas involucrados y contra la prensa en general.
"Basuras repugnantes. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. ¡CIAO!", escribió el mandatario.
Poco después, agregó: "Ser corruptos, ensobrados y violar las leyes de seguridad no es gratis. Algún día las basuras inmundas periodistas (95%) tendrán que entender que no están por encima de la ley. Abusaron de la jurisprudencia. No es gratis. ¡Ciao!".
Las declaraciones presidenciales profundizaron la tensión con los medios y quedaron en el centro del debate político por el alcance de la medida adoptada por el Ejecutivo.
El amparo presentado por Ámbito Financiero cuestiona especialmente la generalización de la sanción. El medio sostiene que, aun si existiera una conducta irregular individual bajo investigación judicial, no resulta razonable extender la restricción a periodistas y empresas que no fueron denunciados por ese hecho.
El planteo apunta a la desproporción de la medida y a la ausencia de una resolución judicial que avale una restricción tan amplia sobre el trabajo periodístico en la sede del Poder Ejecutivo.
La presentación judicial deja ahora en manos de la Justicia la definición sobre si el cierre del acceso a la prensa constituye una medida legítima de seguridad o una restricción indebida de derechos constitucionales.
El caso se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional y distintos sectores del periodismo. En los últimos meses se registraron discursos oficiales hostiles, revocaciones selectivas de acreditaciones y acusaciones contra medios y comunicadores.
Antes del episodio con TN, el Gobierno ya había limitado el ingreso de algunos periodistas acreditados tras una publicación de Chequeado vinculada a supuestas notas financiadas por Rusia. Según la información disponible, no se habían constatado pagos a periodistas, pero el Ejecutivo utilizó ese antecedente para restringir accesos.
La decisión de extender el bloqueo a toda la prensa acreditada marcó un salto institucional y generó preocupación en organismos periodísticos, sindicatos del sector y legisladores de la oposición.
Mientras avanza la discusión judicial, diputados opositores comenzaron a reclamar explicaciones formales al Gobierno por el cierre de la Casa Rosada a periodistas acreditados.
En ese marco, no se descarta que el tema sea llevado a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, en medio de advertencias sobre el precedente institucional que implica restringir el acceso al principal ámbito de cobertura del Poder Ejecutivo.
Otros sectores del periodismo también analizan impulsar acciones colectivas o judiciales similares a la presentada por Ámbito Financiero.
Desde el Ejecutivo insisten en que la restricción tiene carácter transitorio y responde a la necesidad de revisar cámaras, pasillos y sistemas internos de la Casa Rosada.
Según la Agencia Noticias Argentinas, funcionarios cercanos al Gobierno señalaron que "la restricción de ingreso no implica censura porque es una medida transitoria".
Sin embargo, el alcance de la medida y su aplicación sobre la totalidad de los periodistas acreditados abrió una discusión de fondo sobre los límites entre seguridad institucional, derecho a informar y acceso a fuentes públicas.
El caso tiene impacto político porque ocurre en un momento de alta confrontación entre la administración libertaria y diversos actores del sistema institucional. La resolución judicial podría fijar un criterio relevante sobre el margen que tiene el Ejecutivo para restringir el ingreso de periodistas a espacios oficiales sin una orden judicial específica.
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