25 de abril de 2026
El organismo extendió hasta el 31 de julio el plazo para presentar las DDJJ patrimoniales de funcionarios públicos. La decisión se conoció mientras el jefe de Gabinete enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito e inmuebles no declarados.
La Oficina Anticorrupción extendió el plazo para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos y corrió el vencimiento del 31 de mayo al 31 de julio. La medida fue oficializada en la Resolución 3/2026 del Boletín Oficial y se da en medio de las denuncias que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y la compra de inmuebles no declarados.
La decisión fue firmada por la titular del organismo, Gabriela Carmen Zangaro, quien explicó que el cambio busca adecuar los plazos de la Declaración Jurada Patrimonial Integral a los vencimientos fiscales fijados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA.
Según la resolución, ARCA "estableció las fechas de vencimiento de las declaraciones fiscales previstas para el año calendario 2018 y subsiguientes, que en el caso de los impuestos a las Ganancias así como sobre los Bienes Personales, se producirá durante la primera quincena del mes de junio".
En ese marco, la Oficina Anticorrupción planteó la necesidad de "adecuar la fecha de vencimiento de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral DJPI) prevista en la Ley N° 25.188", con el objetivo de "brindar a los funcionarios declarantes un plazo factible para completar la aludida información antes de su vencimiento".
La prórroga alcanza a los funcionarios obligados a presentar su información patrimonial ante el organismo y mueve el límite formal hasta el 31 de julio, dos meses después de la fecha inicialmente prevista.
Tras la publicación en el Boletín Oficial, la OA difundió un comunicado en el que explicó el trasfondo administrativo de la medida.
"La adecuación del plazo de vencimiento responde a lo dispuesto por la Resolución General N° 4354-E/2018 (ex AFIP, hoy ARCA), que establece que las declaraciones impositivas anuales vencen durante la primera quincena de junio de cada año. En función de ello, se fijó una fecha posterior que permita la correcta integración de la información patrimonial", indicó el organismo.
Además, recordó que la Declaración Jurada Patrimonial Integral debe ser presentada en tres momentos distintos por quienes ejercen cargos públicos: al inicio de la función, durante la actualización anual y al cese en el cargo.
"Cabe recordar que la DJPI debe ser presentada en tres momentos: al inicio de la función pública (alta), de manera anual (actualización) y al cese en el cargo (baja)", señaló la OA.
La decisión de la Oficina Anticorrupción se conoce en un contexto sensible para el Gobierno, ya que Manuel Adorni quedó envuelto en denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y supuestas compras de inmuebles no declarados.
Hasta el momento, esas presentaciones mantienen abierto un frente político y judicial para el jefe de Gabinete, uno de los funcionarios de mayor exposición pública dentro de la administración nacional.
El cambio de plazo en las DDJJ puede generar repercusiones en la oposición, especialmente porque la información patrimonial de los funcionarios suele quedar bajo mayor escrutinio en períodos de denuncias, investigaciones o cuestionamientos públicos sobre bienes, ingresos y evolución patrimonial.
En paralelo, Adorni recibió una decisión favorable en otro expediente judicial. El juez federal Daniel Rafecas archivó la causa por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial que participó de la "Argentina Week".
La decisión se apoyó en el dictamen de la fiscal Alejandra Mangano, quien pidió cerrar la investigación al considerar que no hubo delito. Según el criterio judicial, el traslado no generó un gasto adicional para el Estado ni configuró una irregularidad.
Entre los argumentos se señaló que había lugares disponibles en la aeronave y que la presencia de Angeletti no modificó los costos del viaje oficial. Ese cierre judicial alivió uno de los frentes abiertos alrededor del funcionario, aunque no despejó las denuncias vinculadas a su patrimonio.
La presentación de declaraciones juradas es una herramienta central para el control de la evolución patrimonial de funcionarios públicos. Por eso, cualquier modificación en los plazos adquiere relevancia institucional, especialmente cuando coincide con investigaciones o denuncias que involucran a integrantes del Poder Ejecutivo.
En términos políticos, la prórroga puede quedar atravesada por el clima de sospecha alrededor del patrimonio de funcionarios y por la demanda de mayor transparencia en la administración pública. Para el Gobierno, el desafío será evitar que una medida presentada como una adecuación administrativa sea interpretada como una señal de protección o demora en los controles.
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