26 de abril de 2026
El oficialismo postergará el debate electoral hasta conseguir acuerdos con bloques dialoguistas. Mientras tanto, buscará avanzar con el pago a bonistas, la reforma de Salud Mental y una agenda judicial clave.
Temario. El Senado tiene varios proyectos por ser tratados en el futuro inmediato.
La Libertad Avanza decidió frenar en el Senado el debate por la eliminación de las PASO hasta alcanzar consensos mínimos con los bloques dialoguistas. La Casa Rosada no tiene garantizados los votos para aprobar la reforma electoral y reordenó su agenda legislativa hacia proyectos considerados más urgentes, como el pago a fondos buitre y la modificación de la Ley de Salud Mental.
La estrategia del oficialismo apunta a evitar una derrota parlamentaria en una discusión sensible y abrir el tratamiento en la comisión de Asuntos Constitucionales recién cuando existan acuerdos políticos más firmes. En paralelo, la bancada libertaria que conduce Patricia Bullrich buscará avanzar en mayo con iniciativas económicas, judiciales y sanitarias.
La reforma electoral que impulsa el oficialismo propone eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Sin embargo, la resistencia de bloques aliados y dialoguistas obligó a LLA a recalcular los tiempos.
La comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto, abriría el debate recién cuando el oficialismo consiga "consensos mínimos" con sectores opositores que rechazan anular las primarias. La decisión refleja una dificultad central para el Gobierno: sin acuerdos, no llega a los votos necesarios.
En el Senado, La Libertad Avanza necesita 37 votos para aprobar una ley. En Diputados, el número clave es 129. Esos apoyos solo pueden alcanzarse con el acompañamiento de bloques aliados o dialoguistas, que ya marcaron diferencias sobre el proyecto electoral.
La UCR aparece como un actor decisivo en la discusión. El bloque radical cuenta con 10 votos clave y, hasta ahora, no respalda la eliminación de las PASO.
La postura radical apunta a una modificación del sistema, no a su anulación. Están dispuestos a discutir que las primarias sean optativas en alianzas o partidos donde exista lista única, pero reclaman mantener el aporte estatal en esos casos.
También rechazan aumentar hasta el 35% los aportes privados, uno de los puntos que genera mayor resistencia dentro de la oposición dialoguista. En ese contexto, un representante del oficialismo resumió la situación con una frase directa: "Acá mandan los números".
Con las PASO en pausa, el oficialismo buscará emitir dictamen esta semana sobre el proyecto que autoriza el pago de USD 171 millones a fondos buitre. La iniciativa contempla compromisos con Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
El acuerdo incluye USD 67 millones para Bainbridge y USD 104 millones para el grupo liderado por Attestor. Se trata de bonistas que iniciaron demandas tras la crisis de 2001 y no ingresaron al acuerdo firmado en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.
La Casa Rosada busca mostrar predisposición de pago frente a esos acreedores, incluso si no logra cumplir con la fecha tope del 30 de abril. Por eso, el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto para avanzar con el dictamen.
La intención de La Libertad Avanza es llegar a una sesión ordinaria el 6 de mayo para tratar el pago a los bonistas, pliegos judiciales e internacionales, y eventualmente el dictamen sobre falsas denuncias si hay acuerdo político.
También figura en la agenda el pliego de Carlos Mahiques para que continúe cinco años como juez en la Cámara Federal de Casación Penal. En paralelo, el jueves comenzarán audiencias públicas con jueces propuestos por el Poder Ejecutivo.
Entre las postulaciones que más atención generan aparecen Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini; y Cristina María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez Giorgi, para el juzgado de primera instancia de Hurlingham.
Otro eje de la agenda oficialista será la reforma de la Ley de Salud Mental. El Gobierno ya había anticipado el envío de una modificación de la Ley Nacional N° 26.657, con cambios en criterios de atención, internación y abordaje de consumos problemáticos.
El proyecto mantiene el criterio de la internación como recurso excepcional, pero habilita internaciones no voluntarias en casos de "situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros".
También establece que la atención debe estar a cargo de equipos interdisciplinarios, aunque incorpora como requisito la presencia obligatoria de un médico psiquiatra. Además, otorga mayor peso a la evaluación médica en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones.
El consumo problemático de sustancias quedaría integrado formalmente a las políticas de salud mental, mientras que la autoridad de aplicación podría definir dispositivos específicos, tanto ambulatorios como de internación.
El oficialismo también mantiene conversaciones por el proyecto de Propiedad Privada, especialmente sobre los artículos que eliminan topes para la compra de tierras por parte de extranjeros y sobre la ley de barrios populares.
Esos puntos concentran críticas de la oposición y podrían ser modificados para evitar otro frente de conflicto. En cambio, la reforma de la Ley de Discapacidad quedará para más adelante por las fuertes resistencias que genera.
La discusión sobre discapacidad llega con un antecedente sensible: el año pasado, la mayoría de los bloques acompañó una iniciativa que luego fue vetada por el Gobierno nacional. Por eso, el oficialismo busca administrar los tiempos y no acumular derrotas en temas de alto impacto social.
El freno a la eliminación de las PASO expone los límites parlamentarios de La Libertad Avanza. El oficialismo conserva iniciativa política, pero depende de acuerdos con bloques que no siempre acompañan los cambios más duros del programa libertario.
La decisión de priorizar fondos buitre, Salud Mental y pliegos judiciales muestra una estrategia más pragmática: avanzar donde haya mayor margen de negociación y dejar para más adelante las reformas que pueden dividir a los aliados.
Para el Gobierno de Javier Milei, el Senado vuelve a convertirse en un escenario decisivo. Allí se juega no solo la velocidad de su agenda legislativa, sino también la capacidad de ordenar acuerdos políticos en un Congreso donde los números siguen siendo el principal límite.
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