País. Weretilneck autorizó hidroeléctricas en Río Negro sin pasar por la Legislatura

El proyecto Baguales volvió a generar controversia en Río Negro tras la difusión de documentación oficial que confirma la autorización para construir tres centrales hidroeléctricas privadas en la cordillera. La medida fue firmada en enero de 2025 por el Departamento Provincial de Aguas (DPA), sin tratamiento previo en la Legislatura, lo que abrió cuestionamientos legales y políticos.

La habilitación, otorgada mediante la Resolución 75/2025, permite a la empresa Río Villegas S.A.U. utilizar caudales del arroyo Baguales para generar energía destinada exclusivamente a un emprendimiento privado, en una zona de alto valor ambiental cercana al Parque Nacional Nahuel Huapi.

Autorización sin ley y posibles cuestionamientos legales

Según consta en el Boletín Oficial de Río Negro, el permiso fue concedido por un plazo de 30 años e incluye el uso de agua pública para fines de generación eléctrica privada. Sin embargo, la normativa provincial establece que este tipo de aprovechamientos hidroeléctricos debe contar con una ley específica aprobada por la Legislatura.

La ausencia de ese paso institucional es señalada como una posible irregularidad. De acuerdo con el Código de Aguas provincial, las concesiones sobre recursos estratégicos como el agua no pueden resolverse únicamente por vía administrativa.

Detalles del proyecto hidroeléctrico Baguales

La resolución habilita la construcción de tres centrales denominadas CHiBa I, II y III, que podrán turbinar caudales de hasta 42, 200 y 350 litros por segundo respectivamente. La energía generada no será incorporada al sistema eléctrico público, sino que estará destinada al abastecimiento interno del complejo Baguales.

El emprendimiento se desarrolla en una zona cordillerana ubicada entre los 1.100 y 1.500 metros sobre el nivel del mar, donde el desnivel natural del terreno permite este tipo de aprovechamiento energético.

Capitales extranjeros y vínculos empresariales

El proyecto está vinculado a capitales qataríes. El complejo Baguales abarca unas 28.000 hectáreas y está asociado al empresario Abdulhadi Mana Al Hajri, integrante de la familia del Emir de Qatar.

La firma Río Villegas S.A.U., beneficiaria de la concesión, está integrada por Baguales Acquisitions S.A., sociedad que también incluye al extenista argentino Gastón Gaudio. Este entramado empresarial refuerza las críticas sobre la presencia de inversión extranjera en zonas estratégicas de la Patagonia.

Cuestionamientos ambientales y falta de participación

Otro de los ejes del conflicto está vinculado a los procedimientos ambientales. Según planteos en la Legislatura provincial, el proyecto no habría incluido audiencias públicas ni mecanismos de participación ciudadana, pese a tratarse de un área considerada ambientalmente sensible.

Además, se advierte que el emprendimiento se ubica en zonas categorizadas como "zona roja" dentro del ordenamiento territorial de bosques nativos. También se cuestiona la falta de consulta a comunidades locales, en línea con lo establecido por el Convenio 169 de la OIT.

Tensiones políticas y control del Estado

El caso también expone interrogantes sobre el rol de los organismos de control en la provincia. La falta de intervención de áreas clave como la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Gobierno y la Dirección de Tierras alimenta cuestionamientos sobre la supervisión de este tipo de proyectos.

En paralelo, el avance de capitales extranjeros sobre grandes extensiones de territorio en la región cordillerana vuelve a instalar el debate sobre la soberanía de los recursos naturales y el cumplimiento de la Ley de Tierras Rurales.

En este escenario, el proyecto Baguales se convierte en un foco de tensión política con impacto potencial a nivel nacional, en un contexto donde el manejo del agua, la inversión extranjera y los controles institucionales aparecen como ejes centrales de discusión.

Desde una mirada más amplia, el episodio refleja una dinámica creciente en Argentina, donde la necesidad de inversiones convive con cuestionamientos sobre los mecanismos de regulación, transparencia y participación en decisiones que involucran recursos estratégicos.