28 de abril de 2026
El Gobierno aprobó un nuevo contrato de concesión con AySA en el marco del proceso de privatización, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de agua potable y cloacas durante la transición hacia capital privado.
El Gobierno nacional formalizó un paso clave en el proceso de privatización de AySA al aprobar el nuevo contrato de concesión que regirá la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida fue oficializada mediante la Resolución 543/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece el marco normativo bajo el cual se desarrollará la próxima etapa de la empresa.
El nuevo esquema contractual regula las condiciones de operación del servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en al menos 25 municipios del conurbano bonaerense, donde la compañía presta servicios a millones de usuarios. La iniciativa se inscribe dentro de una estrategia más amplia que prevé la venta de la mayoría accionaria de AySA a un operador privado mediante un proceso de licitación.
Según lo establecido, el contrato define los derechos y obligaciones del futuro concesionario, así como los mecanismos de control y fiscalización que estarán a cargo del Estado. Entre los principales objetivos se encuentra asegurar la continuidad y calidad del servicio público durante la transición hacia un esquema con participación privada, en un contexto de reorganización del sistema.
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La decisión se enmarca en la implementación de la Ley 27.742, que declaró a la empresa "sujeta a privatización" y facultó al Poder Ejecutivo a avanzar con los procedimientos necesarios para transferir el control accionario. En ese sentido, el plan contempla la incorporación de capital privado a través de la venta de al menos el 51% del paquete accionario, mientras que el resto podría colocarse en el mercado.

AySA: el Gobierno dio luz verde al contrato clave antes de la venta
El contrato aprobado también establece la ejecución de un Plan de Acción de Transición para lo que resta del año, junto con metas y compromisos que se extenderán durante el primer ciclo tarifario, previsto entre 2027 y 2031. Estas disposiciones buscan ordenar el proceso de traspaso y garantizar la prestación de los servicios esenciales en todo el período de cambio de gestión.
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Qué implica el nuevo contrato de concesión aprobado por el Gobierno
Además, el modelo contempla la posibilidad de negociar condiciones vinculadas a la eventual extinción o adecuación de contratos vigentes, en función de las necesidades del proceso privatizador. De esta manera, el nuevo marco contractual se configura como la referencia principal para el funcionamiento de la empresa en su próxima etapa.
En paralelo, el Gobierno dispuso medidas vinculadas al esquema tarifario del servicio, al establecer límites a los aumentos mensuales en las facturas de agua y cloacas en el AMBA. Según lo dispuesto, los incrementos no podrán superar determinados porcentajes mensuales hasta agosto, en función del mecanismo oficial de actualización.
La aprobación del contrato de concesión de AySA representa un paso determinante dentro del proceso de privatización, ya que fija las bases operativas, regulatorias y económicas que regirán la prestación del servicio en manos de un eventual operador privado. En este marco, el Gobierno avanza con la reorganización de la empresa estatal y define las condiciones para su futura transferencia al sector privado.
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