29 de abril de 2026
El Movimiento Empresarial Anti-Bloqueos (MEAB) pide su suspensión preventiva y posterior remoción del cargo. Mientras el Gobierno busca modernizar el mercado laboral, crece la tensión entre sectores empresariales, sindicales y el Poder Judicial.
El juez Ojeda denunció hostigamiento y presiones, afirmando que hay “mucho interés en juego” detrás de la reforma.
El Movimiento Empresarial Anti-Bloqueos (MEAB) presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación contra el juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°63, por presunto mal desempeño. Solicitan su suspensión preventiva y remoción.
Contexto
del caso
El
30 de marzo de 2026, el juez Ojeda hizo lugar a una medida cautelar presentada
por la CGT (Confederación General del Trabajo) y suspendió la aplicación de 82
artículos (de un total cercano a 83 cuestionados) de la Ley de Modernización
Laboral N°27.802, impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Argumentó
que era necesario para evitar daños irreparables hasta resolver la cuestión de
fondo sobre su constitucionalidad.
La
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala VIII, con jueces Víctor Arturo
Pesino y María Dora González) luego otorgó efecto suspensivo a la apelación del
Gobierno, reactivando temporalmente los artículos.
Hubo
un conflicto de competencia: la causa pasó al fuero Contencioso Administrativo
Federal, apartando a Ojeda.
El
Gobierno y sectores empresariales cuestionan que un juez laboral dictara una
cautelar de alcance colectivo sobre una ley aprobada por el Congreso.
Detalles
de la denuncia ante el Consejo de la Magistratura
Solicitan:
apertura de expediente disciplinario, prueba informativa, suspensión preventiva
y posterior acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento para su remoción.
Antecedentes
y reacciones
Previamente,
el mismo MEAB presentó una denuncia penal contra Ojeda por abuso de autoridad,
pidiendo prisión e inhabilitación.
El
juez Ojeda denunció hostigamiento y presiones, afirmando que hay "mucho interés
en juego" detrás de la reforma.
La
CGT, por su lado, recusó a los camaristas que levantaron la cautelar (Pesino y
González), argumentando prejuzgamiento y posibles conflictos de interés.
Este
es un capítulo más en la fuerte tensión entre el Gobierno (que busca modernizar
el mercado laboral), la CGT y sectores judiciales.
La
causa sigue en trámite y podría llegar a la Corte Suprema. El Consejo de la
Magistratura evaluará si inicia el proceso disciplinario contra Ojeda.
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