Mundo. Estados Unidos acusó de narcotráfico al gobernador de Sinaloa

La Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de mantener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y colaborar con operaciones de narcotráfico destinadas al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. La denuncia también alcanza a otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por supuesta cooperación con la organización criminal.

La acusación fue presentada por fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York y representa una nueva escalada en la estrategia de Washington contra las organizaciones narcotraficantes mexicanas. Según las autoridades estadounidenses, los funcionarios implicados habrían facilitado el funcionamiento del cartel a cambio de respaldo político y sobornos millonarios.

De acuerdo con la investigación, Rocha Moya y otros dirigentes habrían colaborado con la facción de "Los Chapitos", integrada por hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Los documentos judiciales sostienen que el grupo criminal brindó apoyo político y territorial durante la campaña electoral de 2021 en Sinaloa, mediante intimidaciones, episodios de violencia y presiones contra adversarios políticos.

Además del gobernador sinaloense, la acusación estadounidense involucra al senador oficialista Enrique Inzunza, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a distintos funcionarios vinculados a áreas de seguridad y justicia del estado. Los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de armas y explosivos, además de colaboración con actividades criminales del Cártel de Sinaloa.

Según la acusación difundida por el Departamento de Justicia estadounidense, los funcionarios habrían garantizado protección institucional a integrantes del cartel y facilitado operaciones vinculadas al tráfico de heroína, cocaína, metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos. La investigación también menciona presuntos pagos ilegales y maniobras de encubrimiento para evitar acciones judiciales y operativos de seguridad contra la organización criminal.

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La presentación judicial generó un fuerte impacto político en México, especialmente dentro del partido gobernante Morena, espacio al que pertenece Rocha Moya y que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum. La oposición reclamó explicaciones públicas y comenzó a exigir medidas institucionales frente a la gravedad de las acusaciones.

Rubén Rocha Moya, gobernador del Estado de Sinaloa.

El Partido Acción Nacional (PAN) incluso solicitó la "desaparición de poderes" en Sinaloa, un mecanismo contemplado por la Constitución mexicana que permitiría al Senado intervenir institucionalmente en el estado y designar autoridades provisorias. Desde la oposición argumentaron que las acusaciones estadounidenses ponen en duda el funcionamiento constitucional de las instituciones sinaloenses.

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En paralelo, dirigentes opositores reclamaron la comparecencia pública del gobernador y de otros funcionarios señalados por la Justicia norteamericana. El caso también profundizó el debate político interno sobre los niveles de infiltración del narcotráfico dentro de estructuras estatales mexicanas.

Tras conocerse la acusación, Rubén Rocha Moya rechazó las denuncias y aseguró que se trata de señalamientos "infundados" y con motivaciones políticas. El mandatario estadual afirmó que las acusaciones representan un ataque contra la soberanía mexicana y contra el proyecto político de la llamada "Cuarta Transformación".

El gobierno mexicano confirmó además que recibió solicitudes de extradición y documentación enviada por las autoridades estadounidenses. Sin embargo, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores señalaron que hasta el momento no se presentaron pruebas suficientes para avanzar con detenciones o procedimientos judiciales en México.

La situación amenaza con generar nuevas tensiones diplomáticas entre ambos países, en un contexto ya marcado por disputas vinculadas a seguridad, narcotráfico y presencia de agencias estadounidenses en territorio mexicano. En las últimas semanas, el vínculo bilateral había atravesado momentos de fricción luego de denuncias sobre operaciones de inteligencia y participación de agentes norteamericanos en procedimientos contra organizaciones criminales en México.

El expediente presentado en Nueva York también menciona presuntos vínculos entre funcionarios estatales y episodios de violencia ocurridos durante las elecciones de 2021 en Sinaloa. Según la investigación, integrantes del cartel habrían intervenido para favorecer políticamente a Rocha Moya mediante amenazas, secuestros y robo de urnas en distintas zonas del estado.

Las autoridades estadounidenses sostienen además que algunos funcionarios acusados habrían colaborado directamente con estructuras operativas del cartel y participado en maniobras de protección territorial para garantizar el traslado de droga hacia la frontera norte.

La investigación forma parte de una ofensiva más amplia impulsada por Washington contra organizaciones criminales latinoamericanas vinculadas al tráfico internacional de drogas. En los últimos meses, el gobierno estadounidense intensificó las acciones judiciales y de seguridad orientadas a desarticular redes del narcotráfico y perseguir posibles conexiones políticas dentro de distintos países de la región.

Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones dentro del sistema político mexicano y abre un nuevo escenario de tensión entre la administración de Claudia Sheinbaum y el gobierno de Estados Unidos, en medio de las crecientes presiones internacionales para combatir el avance del crimen organizado y el tráfico de fentanilo hacia territorio norteamericano.