1 de mayo de 2026
El Gobierno dispuso la expulsión de Dmitrii Novikov, quien había ingresado al país como turista. Seguridad lo vinculó con una organización internacional señalada por operaciones de injerencia informativa.
Capturado. El ciudadano ruso había ingresado al país como turista.
Un ciudadano ruso identificado como Dmitrii Novikov fue detenido en Lanús, en el conurbano bonaerense, acusado de integrar una organización internacional dedicada a la desinformación política. El hombre había ingresado a la Argentina como turista el 12 de abril y ahora será expulsado del país por decisión de la Dirección Nacional de Migraciones.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó que el detenido formaba parte de una red que buscaba "operar, desestabilizar y atentar" contra las instituciones democráticas. La funcionaria lo definió como "una amenaza para el orden democrático".
El operativo se realizó en las últimas horas en la localidad bonaerense de Lanús, con intervención de Migraciones, la Policía Federal Argentina y la Secretaría de Inteligencia de Estado.
Tras la detención, la Dirección Nacional de Migraciones dispuso la cancelación de la residencia transitoria de Novikov, su expulsión del país y la prohibición de reingreso con carácter permanente.
Desde la cartera de Seguridad explicaron que "la medida se ordenó tras constatar que el involucrado desnaturalizó los motivos que justificaron su ingreso a la República Argentina".
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del juez Julián Ercolini, ordenó su retención preventiva. De esta manera, Novikov permanecerá privado de libertad mientras avanza el proceso de expulsión, con el objetivo de "garantizar la efectiva ejecución de la sanción migratoria".
Según la información oficial, Novikov estaría vinculado a una organización internacional dedicada a operaciones de injerencia informativa y desestabilización política.
La ministra Monteoliva difundió un video en redes sociales en el que confirmó el arresto y vinculó al ciudadano ruso con una estructura que, de acuerdo con el Gobierno, buscaba afectar el funcionamiento institucional del país.
El caso se produce en medio de una creciente preocupación internacional por las operaciones de desinformación, el uso de redes digitales para influir en debates públicos y la posible participación de actores extranjeros en procesos políticos internos.
El antecedente inmediato del caso es la denuncia presentada a comienzos de abril por el abogado argentino Jorge Monastersky, quien pidió investigar la posible existencia de estructuras extranjeras de injerencia informativa en Argentina.
La presentación apunta a presuntas operaciones asociadas a la Federación de Rusia, con eventual impacto en el debate público y el funcionamiento de las instituciones democráticas.
El documento reclama que se evalúe si esas actividades, que habrían involucrado una red con financiamiento externo y acciones destinadas a influir en la opinión pública, podrían configurar delitos bajo la Ley de Inteligencia Nacional.
La denuncia de Monastersky se apoya en un comunicado de la Secretaría de Inteligencia de Estado, fechado el 2 de abril de 2026. Allí se indicó que ya se había informado a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de una organización apodada "La Compañía".
Según esa documentación, la red estaría integrada por ciudadanos rusos, contaría con recursos internacionales y tendría nexos en Argentina.
Monastersky sostuvo que la existencia de un informe oficial modifica el alcance del caso. En la denuncia, planteó que la gravedad de los hechos "impone una investigación judicial inmediata" y agregó: "La información deja de ser meramente periodística para adquirir un grado de verosimilitud institucional".
La detención de Novikov abre un nuevo capítulo en la discusión sobre seguridad nacional, inteligencia e injerencia extranjera en Argentina. El hecho combina tres dimensiones sensibles: migración, operaciones informativas y protección del orden democrático.
Para el Gobierno, la medida busca mostrar una respuesta rápida frente a posibles maniobras de desestabilización. Para la Justicia, el punto central será determinar si existió una estructura organizada, qué vínculos locales tenía y si sus actividades violaron normas vinculadas a inteligencia o seguridad institucional.
El caso también puede tener impacto diplomático, dado que involucra a un ciudadano ruso y a presuntas operaciones asociadas a una red internacional. Hasta el momento, la decisión administrativa más concreta es la expulsión del país y la prohibición permanente de reingreso.
En términos políticos, la causa puede instalar un debate más amplio sobre cómo debe actuar el Estado ante operaciones de desinformación en redes, financiamiento externo de estructuras de influencia y eventuales campañas dirigidas a afectar la confianza pública en las instituciones.
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