Mundo. El Congreso de Brasil aprobó reducir la condena de prisión contra Jair Bolsonaro

El Congreso de Brasil aprobó este jueves una reducción de las penas aplicadas por delitos vinculados al intento de golpe de Estado ocurrido tras las elecciones presidenciales de 2022, una medida que beneficiará directamente al expresidente Jair Bolsonaro y a cientos de sus seguidores condenados por los hechos del 8 de enero de 2023 en Brasilia.

La decisión fue tomada luego de que tanto la Cámara de Diputados como el Senado rechazaran el veto impuesto previamente por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la denominada Ley de Dosimetría, una norma impulsada por sectores conservadores y apoyada por parte del centro político brasileño. En la votación del Senado, el rechazo al veto presidencial obtuvo 49 votos a favor contra 24, mientras que en Diputados reunió 318 apoyos frente a 144 rechazos.

La nueva legislación modifica la manera en que se calculan las condenas por delitos relacionados con el intento de ruptura institucional y establece que no podrán acumularse penas por crímenes considerados de naturaleza similar. Además, habilita una progresión más rápida hacia regímenes de detención semiabiertos, lo que podría reducir significativamente el tiempo efectivo de prisión de los condenados.

LEE MÁS: La desaprobación de Javier Milei escala al 63% y llegó a su nivel más bajo desde que asumió

Según distintos especialistas citados por medios brasileños e internacionales, el cambio legal podría permitir que Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión por su participación en el intento de golpe, acceda a un régimen semiabierto en un plazo considerablemente menor al previsto originalmente.

El Congreso brasileño anuló el veto de Lula a la ley que reduce condenas por golpismo.

El expresidente brasileño fue condenado por el Supremo Tribunal Federal tras ser hallado culpable de participar en una trama destinada a desconocer el resultado electoral que consagró a Lula da Silva en 2022. Las investigaciones judiciales también incluyeron acusaciones vinculadas a intentos de abolición violenta del Estado democrático de derecho y organización criminal.

LEE MÁS: Ordenan peritar los audios atribuidos a Spagnuolo en la Causa ANDIS

Los hechos investigados tuvieron como punto culminante los ataques del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro invadieron y vandalizaron las sedes del Congreso, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal en Brasilia. A partir de esos episodios, la Justicia brasileña avanzó con múltiples condenas contra dirigentes, militares y participantes de las acciones antidemocráticas.

La ley aprobada por el Congreso no solo alcanza al exmandatario, sino también a cientos de condenados por los disturbios y a personas acusadas de financiar o coordinar las acciones golpistas. De acuerdo con la nueva normativa, las penas serán recalculadas bajo criterios más favorables para los acusados.

La decisión representó un nuevo golpe político para el gobierno de Lula da Silva, que había intentado bloquear la entrada en vigencia de la norma mediante un veto presidencial. El mandatario consideraba que la iniciativa era inconstitucional y que transmitía un mensaje de impunidad frente a delitos contra el orden democrático brasileño.

Tras la votación, distintos sectores alineados con el oficialismo anticiparon que podrían impulsar una presentación judicial ante el Supremo Tribunal Federal para intentar frenar la aplicación de la ley. Desde el entorno del Partido de los Trabajadores sostienen que la reforma afecta principios constitucionales y debilita las sanciones vinculadas a ataques institucionales.

En paralelo, el escenario político brasileño continúa marcado por la fuerte polarización entre el oficialismo y la oposición bolsonarista. Aunque Bolsonaro permanece inhabilitado políticamente hasta 2030 por decisión del Tribunal Superior Electoral, el exmandatario conserva peso dentro de la oposición y mantiene influencia sobre el electorado conservador brasileño.

La situación judicial de Bolsonaro también estuvo atravesada en los últimos meses por problemas de salud. Actualmente, el expresidente cumple arresto domiciliario por razones humanitarias luego de diversas complicaciones médicas y controles judiciales impuestos por el Supremo Tribunal Federal.

La aprobación de la ley en el Congreso volvió a colocar en el centro de la discusión política brasileña las consecuencias judiciales del intento de golpe de Estado y el alcance de las condenas dictadas contra dirigentes y simpatizantes bolsonaristas. Mientras el oficialismo analiza nuevas acciones legales, el futuro de la norma podría quedar ahora bajo revisión del máximo tribunal brasileño.