País. El Gobierno va a la Corte Suprema para suspender la Ley de Emergencia en Discapacidad

La disputa judicial por la Ley de Emergencia en Discapacidad sumó un nuevo capítulo luego de que el Gobierno nacional decidiera acudir a la Corte Suprema de Justicia para intentar frenar la aplicación de la normativa aprobada por el Congreso. A través de la Procuración del Tesoro de la Nación, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario federal con el objetivo de suspender la legislación, al considerar que su implementación genera un fuerte impacto sobre las cuentas públicas y pone en riesgo la "sostenibilidad fiscal".

La decisión del oficialismo se produjo tras el avance de un reclamo colectivo iniciado en el partido bonaerense de San Martín y luego de distintas resoluciones judiciales vinculadas a la situación del sector. En ese contexto, el Gobierno resolvió llevar el caso ante el máximo tribunal del país y plantear formalmente su rechazo a la aplicación de la ley.

Dentro del recurso extraordinario federal presentado por la administración nacional, el Ejecutivo argumentó que la resolución judicial previa "genera una situación de gravedad institucional". Según se detalla en la presentación, el Gobierno cuestionó que la sentencia "ratifica declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 681/2025" y, además, "obliga al Estado Nacional a realizar enormes erogaciones presupuestarias sin que se hayan previsto las fuentes de financiamiento".

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La presentación también hace referencia al artículo 5 de la Ley N° 24.629 para sostener que la normativa aprobada carece de previsiones presupuestarias adecuadas. Bajo esa interpretación, el Ejecutivo remarcó que la aplicación de la legislación podría derivar en consecuencias económicas de gran escala.

En el texto difundido, el Gobierno sostuvo que la situación "produce consecuencias irreparables para el conjunto de la sociedad al comprometer las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal". Además, agregó que el alcance nacional del proceso colectivo y el impacto económico de la implementación de la Ley N° 27.793 "pone en riesgo el sostenimiento del sistema de seguridad social y el financiamiento de áreas críticas".

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La ofensiva judicial del Ejecutivo se da en medio de un escenario de tensión alrededor de las políticas vinculadas a la discapacidad, un área que en los últimos meses registró reclamos de distintos sectores relacionados con prestaciones, financiamiento y cumplimiento de programas estatales. En este caso, el Gobierno optó por avanzar directamente ante la Corte Suprema, donde buscará revertir las decisiones previas y obtener la suspensión de la normativa.

El recurso fue impulsado por la Procuración del Tesoro, organismo encargado de representar jurídicamente al Estado nacional. Desde allí, la administración libertaria planteó que la continuidad de la ley genera un impacto fiscal que considera incompatible con los objetivos económicos y presupuestarios de la gestión.

La discusión ahora quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá analizar la presentación realizada por el Gobierno y resolver si hace lugar o no al pedido para suspender la aplicación de la Emergencia en Discapacidad.