3 de mayo de 2026
El jefe de Gabinete vuelve a quedar bajo presión por nuevos datos sobre gastos familiares en el Llao Llao. La polémica impacta en la Casa Rosada, en medio de internas oficiales, agenda judicial y tensiones económicas.
Explicaciones. Adorni durante su paso por el Congreso de la Nación.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta un nuevo capítulo de cuestionamientos por sus gastos personales, luego de que se conocieran detalles de un viaje familiar a Bariloche realizado en junio de 2024, cuando todavía se desempeñaba como vocero presidencial de Javier Milei. La escapada incluyó pasajes, alojamiento en el Llao Llao Hotel & Resort Golf-Spa, excursiones y consumos por un total superior a los $9,1 millones.
El caso vuelve a alimentar la discusión política sobre el patrimonio del funcionario, sus viajes y la relación entre sus ingresos declarados y el nivel de gastos atribuido. En el entorno de Adorni aseguran que los consumos fueron pagados de su bolsillo, aunque distintas versiones señalan que parte de las obligaciones se habrían cancelado con demora.
Según la información conocida, Manuel Adorni viajó el 20 de junio de 2024 a Bariloche junto a su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que habría costado $1.737.432.
La familia se alojó durante cinco noches en habitaciones Studio Lago Moreno de Lujo, una de las categorías más exclusivas del Llao Llao. Además, se registraron gastos en excursiones, comidas y otros servicios por $2.435.344.
El establecimiento habría emitido una factura por el alojamiento de $4.931.993,97, lo que llevó el total de la escapada a $9.104.769,97.
Uno de los puntos sensibles del caso es la forma en que se habrían cancelado los gastos. Desde el entorno del jefe de Gabinete sostienen que Adorni pagó los consumos con fondos propios.
Sin embargo, fuentes que conocen la trastienda del viaje señalan otra versión: que la deuda se habría cancelado con un retraso de tres meses desde una cuenta bancaria, lo que permitiría rastrear la operación.
Las dudas se concentran especialmente en el pago del alojamiento. Según los datos difundidos, los Adorni habrían regresado a Buenos Aires sin abonar la estadía en el hotel, que fue cancelada tiempo después. Ese punto suma interrogantes porque no se trata de una modalidad habitual para un huésped particular.
Cuando ocurrió el viaje, Adorni era vocero presidencial y percibía un salario neto inferior a los $3 millones. Su esposa, Bettina Angeletti, estaba inscripta como monotributista en una de las categorías más bajas.
Ese contraste es uno de los elementos que alimenta los cuestionamientos públicos y judiciales. Los nuevos datos se suman a otros gastos que ya están bajo análisis, como viajes a Aruba y Punta del Este, además de compras de propiedades que forman parte de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.
Hasta el momento, Adorni niega irregularidades y sostiene que tiene toda su situación patrimonial justificada. El funcionario también afirmó públicamente que dará explicaciones ante la Justicia y que no piensa renunciar.
El caso generó preocupación dentro del Gobierno, aunque públicamente la Casa Rosada mantiene el respaldo al funcionario. Después de su exposición ante diputados, Adorni buscó dar por superado el episodio y sus pares del Gabinete lo felicitaron en el chat interno.
Sin embargo, puertas adentro aparecen matices. Algunos funcionarios creen que el jefe de Gabinete está pagando el costo de su falta de experiencia política. Otros consideran que su permanencia genera un desgaste innecesario para Milei.
La polémica ya lleva varias semanas instalada en la agenda pública y afecta la capacidad del oficialismo para ordenar el debate político. En sectores libertarios reconocen que el tema se convirtió en una conversación recurrente incluso fuera del ámbito estrictamente político.
El desgaste por el caso Adorni ocurre mientras el Gobierno intenta avanzar con una agenda legislativa y judicial de alto impacto. Uno de los movimientos centrales es el envío de más de cien pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial.
La iniciativa quedó vinculada al nuevo esquema del Ministerio de Justicia, bajo la conducción de Juan Bautista Mahiques, quien reemplazó a Mariano Cúneo Libarona. La decisión también expuso tensiones internas entre sectores cercanos a Karina Milei y al asesor Santiago Caputo.
Dentro de esa disputa, el control del Ministerio de Justicia aparece como una pieza estratégica. En particular, por vacantes sensibles en la Cámara Federal, donde se definen causas de corrupción y expedientes de alto impacto político.
El caso Adorni representa un problema para el Gobierno porque combina denuncias patrimoniales, exposición mediática, tensiones internas y pérdida de iniciativa política. En la Casa Rosada sostienen públicamente que el tema está cerrado, pero el expediente sigue activo y puede generar nuevas derivaciones.
El escenario también incomoda al ministro de Economía, Luis Caputo, que busca sostener la confianza de empresarios e inversores en medio de una economía atravesada por inflación, caída de recaudación y tensiones con provincias y municipios.
Desde una mirada política, el principal riesgo para el oficialismo es que la agenda pública quede dominada por sospechas de corrupción y conflictos internos, justo cuando Milei necesita recuperar iniciativa para consolidar su proyecto de poder.
A la polémica por los gastos de Adorni se suman versiones sobre posibles pagos por fuera de los salarios formales en algunos sectores del Gobierno. Distintas voces aseguran que, al negociar cargos en la administración pública, se habría mencionado la existencia de ingresos adicionales no registrados.
Uno de los casos mencionados involucra a una persona convocada para un puesto relevante en la Unidad de Información Financiera, que habría rechazado la propuesta tras escuchar que podía recibir "más por afuera".
Por ahora, se trata de versiones que no tienen una confirmación judicial pública, pero que aumentan el nivel de alerta política dentro del oficialismo. Si esas sospechas avanzan, podrían abrir un frente todavía más sensible para la Casa Rosada.
El nuevo capítulo sobre el viaje de Manuel Adorni a Bariloche refuerza un problema que el Gobierno no logra cerrar. La estrategia de respaldar al jefe de Gabinete evita una crisis inmediata, pero también prolonga el costo político de una controversia que sigue sumando datos.
En términos institucionales, el punto central será si la Justicia encuentra inconsistencias patrimoniales o si el funcionario logra acreditar el origen y la forma de pago de sus gastos. En términos políticos, el daño ya se mide en la capacidad del Gobierno para ordenar la agenda.
La discusión aparece en un momento delicado para la administración de Milei, con tensiones económicas, caída de recursos nacionales y presión social en el Conurbano bonaerense. En ese contexto, cada nuevo dato sobre viajes, propiedades o gastos personales amplifica el desgaste y le ofrece a la oposición un eje para cuestionar la transparencia del oficialismo.
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