Economía. Con activos por USD 55 millones, el Gobierno tasó en 45 millones de dólares la base para vender Intercargo

La decisión del Gobierno de avanzar con la privatización de Intercargo comenzó a generar crecientes cuestionamientos luego de conocerse los datos económicos oficiales de la compañía estatal dedicada a los servicios de rampa y asistencia aeroportuaria. El eje de la polémica se instaló a partir de la valuación definida por el Ejecutivo para iniciar el proceso de venta, ya que el precio base fijado resultó inferior incluso a los activos corrientes que actualmente posee la empresa.

La información surgió del informe de gestión presentado en el Congreso por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde se detallaron distintos indicadores financieros y operativos de empresas públicas vinculadas al sector aerocomercial. Allí se informó que Intercargo cuenta con aproximadamente u$s55 millones en activos corrientes, mientras que el Gobierno estableció un precio base de u$s45 millones para avanzar con la privatización.

Los datos oficiales generaron cuestionamientos debido a que la compañía no sólo exhibe un patrimonio superior al monto previsto para la venta, sino que además cerró el último ejercicio con un resultado positivo. Según el mismo informe, la empresa obtuvo un superávit cercano a los u$s20 millones durante el año pasado, un desempeño que volvió a instalar el debate sobre la conveniencia económica de desprenderse de una firma estatal con balances positivos.

Intercargo es la empresa encargada de brindar servicios de asistencia en tierra, operaciones de rampa y traslado de pasajeros en los principales aeropuertos del país. Su actividad incluye tareas vinculadas a carga y descarga de equipaje, abastecimiento operativo y asistencia a aeronaves comerciales, funciones consideradas estratégicas dentro del sistema aerocomercial argentino.

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A partir de la difusión de los números oficiales, distintos sectores comenzaron a advertir que la valuación fijada por el Gobierno ubica a la compañía por debajo de su capacidad financiera real. La discusión se intensificó especialmente por el hecho de que los activos corrientes declarados superarían el precio total planteado para la operación de venta.

Las críticas también alcanzaron el posible impacto operativo de una privatización total sobre el funcionamiento del sistema aeroportuario nacional. Entre las advertencias planteadas apareció la posibilidad de que determinados aeropuertos o destinos menos rentables puedan quedar sin cobertura de servicios de rampa si las futuras operaciones privadas priorizan únicamente criterios de rentabilidad económica.

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El debate ocurre además en un contexto donde el Gobierno nacional viene impulsando un proceso más amplio de reestructuración y eventual apertura al capital privado de distintas empresas estatales. Dentro del sector aerocomercial, además de Intercargo, también aparecen bajo análisis compañías como Aerolíneas Argentinas y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

La empresa estatal presta servicios de rampa en los principales aeropuertos del país.

De acuerdo con documentos oficiales difundidos meses atrás, el Ministerio de Economía aprobó para 2026 presupuestos con superávit proyectado tanto para Intercargo como para otras firmas vinculadas al sistema aerocomercial estatal. Según esos cálculos, las compañías podrían operar sin transferencias directas del Tesoro Nacional, en línea con la política de equilibrio fiscal impulsada por la administración libertaria.

En el caso específico de Intercargo, los números positivos comenzaron a convertirse en uno de los principales argumentos utilizados por quienes cuestionan el proceso de privatización. Los sectores críticos sostienen que una empresa con resultado superavitario y activos significativos podría continuar funcionando bajo control estatal sin representar una carga presupuestaria para el Estado nacional.

La discusión política se profundizó además luego de la presentación de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, donde el jefe de Gabinete respondió preguntas vinculadas al desempeño financiero de distintas empresas públicas. Allí quedaron expuestos datos sobre balances, activos y estructuras presupuestarias que alimentaron nuevos cuestionamientos opositores respecto de las privatizaciones impulsadas por el Ejecutivo.

En paralelo, el Gobierno continúa defendiendo la estrategia de reducción de la participación estatal en sectores considerados comercialmente viables. La administración de Javier Milei sostiene que la apertura al capital privado permitirá mejorar la eficiencia operativa y reducir costos dentro del sistema público empresarial, aunque hasta el momento no se difundieron detalles específicos sobre cómo será el proceso de venta de Intercargo ni cuáles serán las condiciones para futuros interesados.

Mientras tanto, la valuación de la empresa quedó instalada como uno de los principales focos de debate dentro del sector aerocomercial. La diferencia entre el valor fijado para la privatización y los activos declarados oficialmente alimentó nuevas discusiones sobre el criterio utilizado para calcular el precio de venta y sobre el futuro de una compañía que actualmente presenta balances positivos.