Política. Caso Adorni: el jefe de Gabinete bajo la lupa tras su pedido de detención

La causa judicial que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito sumó un nuevo capítulo luego de que la diputada nacional Marcela Pagano presentara un pedido formal de detención ante la Justicia federal. La solicitud fue realizada ante el juez Ariel Lijo y se basa en la hipótesis de un posible entorpecimiento de la investigación judicial a partir de presuntos contactos con un testigo considerado clave dentro del expediente.

La presentación judicial se produjo después de la declaración del arquitecto Matías Tabar, contratista que participó en las remodelaciones de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá y cuyo testimonio pasó a ocupar un lugar central dentro de la investigación. Según la denuncia impulsada por Pagano, el funcionario habría intentado influir sobre el testigo antes de que declarara bajo juramento ante la Justicia.

De acuerdo con el planteo presentado por la legisladora, existen dos causales principales para solicitar una detención preventiva: el riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecer una investigación penal. En este caso, Pagano descartó el peligro de fuga y fundamentó su pedido exclusivamente en la segunda hipótesis.

Según expuso la diputada, el eje de la acusación radica en que Adorni habría tomado contacto con el contratista antes de su comparecencia judicial. La denuncia sostiene que ese acercamiento incluyó ofrecimientos de "ayuda", referencias a su "equipo" y la supuesta eliminación de mensajes de WhatsApp vinculados al intercambio entre ambas partes.

Pagano explicó que la presentación se apoyó en versiones periodísticas sobre el contenido de la declaración brindada por Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita, debido a que, en calidad de denunciante, no posee acceso directo al expediente judicial. "Según estas versiones, Tabar habría recibido contacto de la gente de Adorni para borrar conversaciones a cambio de beneficios, borrar pruebas del teléfono", afirmó la diputada.

La solicitud de detención fue presentada bajo la denominada doctrina Irurzun, un criterio judicial utilizado en causas de corrupción para justificar prisiones preventivas cuando se considera que una persona con poder político o influencia podría afectar el desarrollo de una investigación penal.

En ese sentido, la legisladora recordó antecedentes judiciales en los que este criterio fue aplicado contra exfuncionarios nacionales y cuestionó que no se utilice el mismo parámetro en este caso. "¿Cómo no se va a usar con Adorni que es la persona más importante de la Argentina, detrás del presidente Javier Milei y su hermana Karina?", expresó.

Dentro de la presentación judicial, Pagano también sostuvo que la situación se agrava debido a que el funcionario continúa en ejercicio de su cargo, lo que -según argumentó- le otorgaría capacidad para influir sobre organismos públicos, testigos y distintas instancias del expediente judicial. "Adorni es una persona poderosa y es un reaseguro que se usa para que personas con poder no entorpezcan la causa", añadió.

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Además del pedido de detención, la diputada solicitó una serie de medidas alternativas y restrictivas. Entre ellas, pidió la prohibición de contacto con testigos, la retención del pasaporte del funcionario, la fijación de una caución económica y la preservación de las comunicaciones vinculadas a la causa.

La denuncia también incluyó un requerimiento para ampliar la imputación y avanzar con nuevas medidas de prueba. Entre los pedidos aparece el peritaje del teléfono celular del contratista con el objetivo de recuperar mensajes que, según la presentación judicial, habrían sido eliminados.

La diputada Marcela Pagano solicitó la detención del jefe de Gabinete en el marco de la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito.

El expediente se encuentra vinculado a las remodelaciones realizadas en una vivienda que Manuel Adorni posee en el country Indio Cuá. En su declaración ante la Justicia, el contratista Matías Tabar aseguró haber cobrado alrededor de u$s245.000 en efectivo y sin factura por distintas obras efectuadas en la propiedad.

Según trascendió de esa declaración, las refacciones incluyeron trabajos sobre pisos, paredes, cocina, baños, jardín y otros sectores de la vivienda. También se mencionó la construcción de una pileta con cascada dentro del predio.

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Otro de los puntos mencionados en la investigación judicial es que el contratista puso su teléfono celular a disposición de la Justicia para ser peritado. De acuerdo con las versiones periodísticas citadas en la denuncia, en el dispositivo existirían conversaciones eliminadas intercambiadas con el funcionario y su entorno.

La causa contra el jefe de Gabinete se desarrolla además en paralelo a otras denuncias judiciales que involucran al funcionario. Semanas atrás, Marcela Pagano ya había presentado otra denuncia penal vinculada al viaje realizado por Adorni junto a su esposa a Nueva York a bordo del avión presidencial ARG-01.

En aquella oportunidad, la diputada cuestionó el posible uso de recursos públicos y planteó sospechas sobre la utilización del avión oficial. La denuncia quedó radicada también en el juzgado federal subrogado por Ariel Lijo.

Mientras tanto, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito continúa sumando documentación, declaraciones testimoniales y pedidos de medidas judiciales que ahora quedaron bajo análisis del magistrado y de la fiscalía federal interviniente.