5 de mayo de 2026
La familia del fotoperiodista presentó un pedido formal para que se eleve a juicio oral al cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero. Grillo fue herido en la cabeza el 12 de marzo de 2025 durante una marcha de jubilados frente al Congreso. Guerrero está procesado por lesiones gravísimas y abuso de armas.
La
familia de Pablo Grillo, a través de su querella (representada por el CELS y la
LADH), pidió a la jueza federal María Servini que eleve a juicio oral la causa
contra el gendarme Héctor Jesús Guerrero.
El
hecho ocurrió el 12 de marzo de 2025 durante una marcha de jubilados frente al
Congreso Nacional.
Guerrero, cabo primero de Gendarmería (Destacamento Móvil 6), disparó una pistola lanza gases de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal, no parabólico como indica el protocolo).

Uno
de los proyectiles impactó en la cabeza de Pablo Grillo (fotoperiodista que
estaba agachado, a unos 47 metros, tras una barricada, tomando fotos). No
representaba amenaza.
Grillo
sufrió lesiones gravísimas: fractura de cráneo, pérdida de masa encefálica,
intervenciones quirúrgicas múltiples, meses en terapia intensiva y secuelas
neurológicas permanentes (deterioro cognitivo y comunicativo, con incapacidad
laboral prolongada). Recuperó el alta domiciliaria recién en febrero/marzo de
2026.
Avance
judicial
El
fiscal Eduardo Taiano (Fiscalía Federal N°3) ya había pedido la elevación a
juicio oral el día anterior, imputando a Guerrero por lesiones gravísimas
agravadas por abuso de función y abuso de armas agravado (en cinco
oportunidades, ya que disparó seis veces sin agresión previa).
La
querella va más allá y solicita tentativa de homicidio agravado, además de
investigar la cadena de mando (jefes de Gendarmería, Policía Federal y
Ministerio de Seguridad).
Ya está firme el procesamiento de Guerrero (confirmado por Casación en marzo de 2026). La jueza Servini debe decidir ahora si eleva la causa a juicio oral.

También pidieron que se profundice la investigación sobre la cadena de mando.
El
fiscal destacó que Guerrero actuó de manera desproporcionada, irracional y con
pleno conocimiento de los protocolos (tenía capacitaciones al respecto),
generando peligro concreto para los manifestantes.
La
causa sigue en el Juzgado Federal N°1 a cargo de Servini.
Es
un caso emblemático sobre el uso de la fuerza en protestas y la protección de
periodistas.
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