6 de mayo de 2026
El juez Ariel Lijo ordenó la medida a pedido del fiscal Gerardo Pollicita para reconstruir la evolución patrimonial del matrimonio. La causa apunta a viajes, propiedades y préstamos bajo sospecha.
Pareja. Adorni y Angeletti son investigados por la Justicia Federal.
La Justicia Federal le levantó el secreto fiscal al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de la causa que investiga presuntas inconsistencias patrimoniales. La medida fue ordenada por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.
El objetivo de la investigación es reconstruir en detalle la evolución patrimonial, económica y financiera del matrimonio para determinar si los gastos registrados coinciden con los ingresos que percibió Adorni desde su ingreso al Gobierno nacional, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.
El levantamiento del secreto fiscal permitirá acceder a información impositiva, bancaria y financiera que normalmente se encuentra protegida por ley. Se trata de una medida clave para cruzar ingresos, gastos, bienes, deudas y operaciones inmobiliarias.
Fuentes judiciales señalaron que los gastos registrados y las deudas no coincidirían con los ingresos declarados por el funcionario. Esa posible discrepancia motivó la decisión de profundizar el análisis patrimonial.
La causa busca esclarecer el origen de los fondos utilizados para financiar viajes al exterior junto a su familia y la adquisición de varias propiedades.
Entre los bienes bajo análisis figuran inmuebles ubicados en el barrio porteño de Caballito, además de propiedades en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.
La investigación también alcanza otros activos vinculados al matrimonio que todavía están siendo relevados por el tribunal.
El foco está puesto en determinar cuándo fueron adquiridos esos bienes, con qué fondos se pagaron, qué deudas se contrajeron y si las condiciones de financiamiento resultan compatibles con la capacidad económica declarada por Adorni y Angeletti.
Uno de los puntos más sensibles del expediente es el financiamiento de algunas operaciones inmobiliarias. Según testimonios incorporados a la causa, dos propiedades habrían sido adquiridas con fondos aportados por terceros.
Esos terceros habrían facilitado en total unos US$300.000, mediante préstamos o aportes de capital.
A partir de esos datos, Lijo también dispuso levantar el secreto fiscal de las personas que figuran como prestamistas o acreedoras, entre ellas dos jubiladas y dos integrantes de fuerzas de seguridad.
La Justicia busca determinar si esos préstamos fueron formales, si fueron devueltos y si las condiciones pactadas se ajustaron a parámetros habituales de mercado.
El expediente también incluye medidas vinculadas al periodista y productor Marcelo Grandio, cercano a Adorni. Grandio acompañó al jefe de Gabinete en un viaje reciente a Punta del Este en un avión privado.
La investigación ordenó revisar comunicaciones del productor, tanto con Adorni como con otros involucrados en la estructura societaria de ImHouse.
La productora habría celebrado contratos con la Televisión Pública, organismo que depende de la órbita de la Jefatura de Gabinete, área que conduce Adorni.
El objetivo judicial es establecer si existió algún conflicto de interés o eventual beneficio irregular relacionado con contrataciones públicas.
El levantamiento del secreto fiscal no se limita a organismos nacionales. Si bien antes se había avanzado sobre información de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ahora la medida se extendió hacia organismos provinciales.
En esas jurisdicciones, la normativa exige autorizaciones específicas que deben tramitarse por separado.
La intención del juzgado es obtener una radiografía completa de los movimientos económicos del funcionario y su esposa, incluyendo ingresos por salarios públicos, gastos corrientes, mantenimiento de inmuebles y cualquier otro movimiento financiero relevante.
La investigación contra Manuel Adorni mantiene un fuerte impacto político sobre el Gobierno de Javier Milei. El jefe de Gabinete es una de las figuras más visibles de la Casa Rosada y su situación judicial se convirtió en un nuevo foco de tensión para el oficialismo.
El avance sobre el secreto fiscal eleva el nivel de profundidad del expediente, porque permitirá contrastar información declarada con datos tributarios y financieros de distintos organismos.
Desde una mirada institucional, la medida puede ser determinante para establecer si hubo inconsistencias patrimoniales o si los movimientos del matrimonio tienen respaldo documental suficiente.
Para el Gobierno, el desafío será evitar que la causa siga dominando la agenda pública en medio de un escenario económico y político exigente. Para Adorni, el punto central será demostrar ante la Justicia que sus ingresos, deudas y operaciones resultan compatibles con su evolución patrimonial.
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