9 de mayo de 2026
El máximo tribunal asumió competencia directa en el reclamo del gobierno de Sergio Ziliotto contra el Estado Nacional. La provincia pide que el 1% destinado a Aportes del Tesoro Nacional se distribuya de forma automática.
Cortesanos. El máximo tribunal aceptó tomar la demanda de La Pampa contra el Estado por los ATN.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó intervenir en forma directa en la demanda presentada por la Provincia de La Pampa contra el Estado Nacional por el reparto de fondos coparticipables. El tribunal ordenó correr traslado al Gobierno, que tendrá 60 días para responder formalmente el planteo.
La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y abre un nuevo capítulo en la disputa entre la Nación y las provincias por la distribución de recursos federales.
El reclamo impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto apunta contra una parte de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. La provincia pide que el 1% de la masa coparticipable que actualmente se destina al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional sea distribuido diariamente y de manera automática entre todas las jurisdicciones.
La demanda fue presentada por Ziliotto y la fiscal de Estado Romina Schmidt, con el patrocinio de los abogados Andrés Gil Domínguez, Gerardo Conte Grand y Esteban Conte Grand.
Según el planteo provincial, esos fondos no deberían quedar bajo administración discrecional del Ejecutivo nacional, sino integrarse al esquema de reparto automático que rige para el resto de los recursos coparticipables.
La presentación apunta contra los artículos 3 inciso d y 5 de la Ley 23.548. La provincia sostiene que esas normas son contrarias a la Constitución Nacional porque afectan derechos y recursos provinciales.
El argumento central es que el Estado Nacional maneja de manera discrecional un porcentaje de fondos que, según La Pampa, debería ser distribuido de forma automática.
El reclamo se apoya en los artículos 75 inciso 2, 18 y 19 de la Constitución, vinculados al régimen de coparticipación, garantías constitucionales y límites al manejo unilateral de recursos federales.
El máximo tribunal resolvió que la causa corresponde a su competencia originaria, es decir, que debe tramitar directamente ante la Corte sin pasar por juzgados inferiores.
Este mecanismo se aplica cuando una provincia demanda al Estado Nacional, conforme al artículo 117 de la Constitución Nacional.
La procuradora fiscal Laura Mercedes Monti sostuvo que corresponde la intervención directa del tribunal porque están en juego prerrogativas y derechos constitucionales de una provincia frente a la Nación.
La Corte ordenó notificar al Ministerio de Economía y a la Procuración General de la Nación. A partir de ese paso, el Estado Nacional tendrá un plazo de 60 días para contestar la demanda.
La Pampa también pidió que se cite a una audiencia informativa y de conciliación, tomando como antecedente otros litigios por fondos federales, como los casos de Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires contra Nación.
El Gobierno podrá responder el planteo o intentar una instancia de negociación previa, aunque el fondo de la discusión ya quedó instalado en el máximo tribunal.
El caso tiene una particularidad: La Pampa no reclama una suma puntual retenida, sino una modificación estructural del modo en que se distribuye el 1% de los ATN.
Si el reclamo prospera, el dinero que hoy administra Nación a través del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional podría pasar a distribuirse automáticamente entre todas las provincias.
Eso implicaría un cambio sensible en la relación fiscal entre la Casa Rosada y los gobernadores, porque reduciría el margen de discrecionalidad del Ejecutivo nacional sobre una herramienta clave de asistencia financiera.
Para reforzar su posición, La Pampa citó antecedentes recientes de la propia Corte Suprema. Entre ellos, los fallos vinculados a reclamos de Santa Fe y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Estado Nacional por transferencias de fondos.
En esos casos, el tribunal reconoció derechos de las jurisdicciones reclamantes y ordenó revisar mecanismos de distribución o devolución de recursos.
Ahora, el planteo pampeano busca llevar esa discusión a un punto más amplio: el funcionamiento permanente del régimen de coparticipación respecto de los ATN.
La aceptación de la competencia por parte de la Corte llega en un contexto de tensión fiscal entre el Gobierno nacional y las provincias. Los gobernadores vienen reclamando por la caída de recursos, la reducción de transferencias y el impacto del ajuste sobre las cuentas locales.
Para la administración de Javier Milei, mantener control sobre fondos discrecionales permite administrar emergencias financieras y negociar con las provincias. Para La Pampa, en cambio, ese esquema vulnera el criterio de automaticidad que debe regir sobre los recursos coparticipables.
Desde una mirada política, la causa puede convertirse en un nuevo frente judicial para el Gobierno. Si otras provincias acompañan el planteo o impulsan reclamos similares, la discusión por los ATN podría escalar y modificar la relación fiscal federal.
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