País. Caso Propofest: Fini Lanusse habló en TikTok y dijo que "las cosas se van a aclarar"

La médica residente de anestesiología Delfina "Fini" Lanusse, procesada en la causa conocida como Propofest, rompió el silencio a través de un video publicado en su cuenta personal de TikTok y aseguró que confía en el avance de la Justicia. La grabación fue eliminada pocos minutos después, junto con el resto del contenido de su perfil.

La causa investiga la muerte de Alejandro Salazar y el presunto robo de propofol del Hospital Italiano, sustancia que habría sido utilizada en supuestas fiestas privadas. Lanusse, una de las profesionales bajo investigación, afirmó que no puede dar explicaciones públicas sobre el expediente, pero sostuvo: "Las cosas se van a aclarar".

Fini Lanusse habló tras su procesamiento en el caso Propofest

En el video, Lanusse agradeció los mensajes de apoyo que recibió durante las últimas semanas y remarcó que seguirá el proceso por las vías judiciales correspondientes.

"La justicia está trabajando. Yo confío en ese proceso y, con el tiempo, por las vías que corresponden, las cosas se van a ir aclarando, eso seguro", expresó.

La médica también reconoció el impacto personal que tuvo la exposición pública de la causa. "No puedo creer que esté haciendo este video por TikTok. Nunca me imaginé en la vida entera, pero sentía que, después de tanto ruido, estaba bueno aparecer un poco yo, mi voz, quién soy", señaló.

Luego negó reconocerse en la imagen que circuló en medios y redes: dijo que no es la persona que "giró por todos lados en las noticias".

El impacto personal de la causa

Lanusse también habló de cómo atraviesa el proceso junto a su entorno más cercano. "Mientras tanto, intento apoyarme en mi familia, en la gente que me quiere, mis amigos, en lo que soy, en lo que construí durante todos estos años, en el amor que siempre tuve por mi profesión", afirmó.

El video cerró con una frase sobre su intento de recomponer su vida personal después de la exposición pública: "Volver a encontrarme a mí misma o conmigo misma después de todo lo que se haya dicho".

La publicación permaneció visible durante poco tiempo. Luego, la residente decidió eliminarla y borrar el resto de los contenidos de su cuenta.

La defensa pidió revocar el procesamiento

Después de que el juez Javier Sánchez Sarmiento confirmara el procesamiento de Lanusse y de Hernán Boveri, otro de los anestesiólogos investigados, la defensa de la médica presentó un pedido para revocar la medida.

El magistrado también había ordenado un embargo de $30.929.520. Los abogados de Lanusse cuestionaron esa decisión y argumentaron que no habría pruebas suficientes para sostener la retención de bienes.

Según la apelación, el procesamiento se habría basado en testimonios indirectos, apreciaciones subjetivas y una reconstrucción imprecisa de los hechos. La defensa sostuvo que no existe ningún testigo que haya visto a Lanusse sustraer medicación o retirar fármacos de manera irregular.

Los argumentos contra la acusación

La defensa planteó que los testimonios mencionados en la causa se apoyan en "comentarios de terceros" y percepciones personales, sin constancias directas sobre los hechos investigados.

También cuestionó que el juez no haya hecho lugar a pedidos de prueba que consideraba clave, entre ellos la citación de médicos y psicólogos. Según los abogados, esos testimonios podrían contribuir a demostrar la inexistencia de consumo problemático de sustancias y la imposibilidad material de los hechos atribuidos a Lanusse.

En el escrito se enumeraron varios agravios: falta de perjuicio económico probado, ausencia de determinación del aporte concreto de Lanusse, presuntas irregularidades en el uso de información confidencial y desproporción del embargo.

El rol del Hospital Italiano en la causa

Otro punto destacado por la defensa fue la información aportada por el Hospital Italiano. Según el planteo, la institución informó que "no se detectaron faltantes de medicación en los años investigados y que el control interno es capaz de registrar hasta la pérdida de una jeringa".

Además, remarcaron que el arqueo realizado por el hospital "arrojó resultado sin diferencias".

Con esos datos, la defensa insistió en que no se identificaron fechas, lugares ni actos concretos de apoderamiento de insumos. También sostuvo que el testimonio de Chantal "Tati" Leclercq, amiga de Lanusse, se refirió a situaciones privadas fuera del ámbito hospitalario y sin relación directa con los hechos investigados.

Cuestionamientos al embargo

La apelación también cuestionó el monto del embargo. Según la defensa, la cifra fijada por el juzgado "no tiene correlato" con los hechos atribuidos ni con los rubros supuestamente afectados.

Los abogados señalaron que el propio juzgado reconoció la imposibilidad de cuantificar el daño patrimonial y afirmaron que el embargo "excede cualquier cálculo razonable" ante la falta de un perjuicio económico concreto, diferencias de stock o informes anómalos.

Según el planteo, el monto embargado supera en un 323% los valores de los insumos presuntamente involucrados. Por eso, reclamaron la revocación total del procesamiento, el dictado de falta de mérito y la producción de las pruebas pendientes. De manera subsidiaria, pidieron una reducción prudencial del embargo.

Una causa de alto impacto público

El caso Propofest se convirtió en una causa de fuerte exposición pública por la combinación de elementos sensibles: muerte de una persona, uso de medicamentos hospitalarios, profesionales de la salud investigados y presuntas fiestas privadas.

Desde una mirada judicial, el expediente todavía debe definir si existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones y establecer responsabilidades concretas. Desde una mirada social, la causa también abrió una discusión sobre controles internos en centros de salud, manejo de sustancias anestésicas y límites entre vida privada, responsabilidad profesional y proceso penal.

El mensaje de Lanusse buscó recuperar su voz pública, pero la definición central seguirá en manos de la Justicia. La apelación de su defensa será clave para determinar si el procesamiento se sostiene, si se dicta falta de mérito o si se modifican las medidas patrimoniales ordenadas en su contra.