11 de mayo de 2026
La Casa Rosada abrió una nueva etapa del plan de concesiones viales con cuatro corredores estratégicos. Las empresas deberán realizar obras de puesta en valor, rehabilitación y mantenimiento, con tarifas tope de hasta $4.705 por cabina.
Peaje. Unas 17 constructoras compiten por 2.557 kilómetros de rutas nacionales.
La tercera ronda de privatización de rutas nacionales ya tiene competidores definidos. Un total de 17 empresas constructoras locales presentaron sus carpetas para disputar cuatro corredores viales que atraviesan Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, en el marco del plan de concesiones que impulsa el Gobierno de Javier Milei.
En juego hay 2.557 kilómetros de rutas con peaje, distribuidos en los corredores Mediterráneo, Puntano, Portuario Norte y Portuario Sur, dentro de la denominada Fase B de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones.
La grilla de postulantes incluye a varias compañías conocidas del sector de la construcción. Entre ellas aparecen ACS, Panedile, Luciano, Chediack, Bassa-Cecosa, Creditech, Concret Nor, Paolini y CPC, vinculada a Cristóbal López.
También se presentaron Cartellone, Inmac, Rovella Carranza, Rovial, Vial Agro, IEB Construcciones, CEOSA y CN Sapag.
La competencia quedó planteada con entre cinco y seis oferentes por corredor, según el tramo en disputa. El Gobierno busca que las nuevas concesionarias se hagan cargo de rutas clave para la circulación productiva, portuaria y logística.
La licitación utilizará el sistema de dos sobres, el mismo esquema aplicado en rondas anteriores. El objetivo es separar la evaluación técnica de la oferta económica.
En el Sobre 1, las empresas deben acreditar antecedentes técnicos, financieros y garantías. Entre los requisitos figuran al menos 10 años de experiencia en obras viales, un promedio anual de certificación superior a $15.000 millones y garantías de mantenimiento de entre $2.150 millones y $2.350 millones, según el corredor.
Solo las firmas que superen esa primera instancia podrán abrir el Sobre 2, donde deberán presentar la tarifa de peaje que proponen cobrar para financiar obras y obtener rentabilidad.
El corredor Mediterráneo abarca 672 kilómetros de la Ruta Nacional 7, desde Luján hasta el límite entre Córdoba y San Luis, además de la Ruta Nacional 35 entre Vicuña Mackenna y Santa Catalina.
Actualmente cuenta con tres estaciones de peaje en Villa Espil, Junín y Vicuña Mackenna. Con la nueva concesión se sumarían cuatro cabinas en Chacabuco, Rufino, Laboulaye y Malena. La tarifa tope para autos quedó fijada en $4.500 por estación.
El corredor Puntano comprende 720 kilómetros de la Ruta Nacional 193, entre Zárate y Solís, y de la Ruta Nacional 8, desde Pilar hasta Villa Mercedes. Tendrá una tarifa básica máxima de $4.100 por cabina para autos.
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El corredor Portuario Norte incluye 528 kilómetros de la Ruta Nacional 9 entre San Nicolás y Rosario, el acceso del Gran Rosario A-008 y un tramo de la Ruta Nacional 33 entre Rosario y Trenque Lauquen.
Hoy cuenta con una sola estación de peaje en Lagos, sobre la RN 9. Con la nueva concesión se agregarán cinco cabinas sobre la RN 33, en Trenque Lauquen, Villegas, Rufino, Venado Tuerto y Casilda. El peaje tope para autos será de $4.705.
Por su parte, el corredor Portuario Sur agrupa 637 kilómetros de la Ruta Nacional 9, de Campana a San Nicolás, y de la Ruta Nacional 188, de San Nicolás a Realicó. La tarifa máxima para autos quedó establecida en $3.400 por cabina.
Las empresas adjudicatarias deberán ejecutar tres tipos de obras. Las primeras serán las Obras Iniciales de Puesta en Valor, destinadas a recuperar condiciones básicas de transitabilidad y seguridad vial.
Esos trabajos incluyen bacheos, sellado de grietas, eliminación de hundimientos, perfilado de banquinas, reposición de barandas y señalización.
Luego aparecen las Obras Obligatorias, que abarcan reparación de calzadas de pavimento rígido, reconstrucción de distribuidores y recambio de iluminación por tecnología LED.
Finalmente, las Obras de Rehabilitación contemplan bacheo profundo, fresado, nuevas bases asfálticas, señalización horizontal e instalación de sensores de tránsito.
El análisis de antecedentes técnicos y financieros demandaría entre dos y tres semanas. Si no hay impugnaciones, los sobres económicos se abrirían a mediados de junio.
Las futuras operadoras deberán reconvertir las cabinas actuales de cobro en efectivo en vías mixtas, para pagos manuales y automáticos. Para los usuarios sin TelePase, la tarifa pasará a ser el doble.
Las concesionarias también podrán ceder en garantía hasta el 70% de lo recaudado por peajes para financiar obras. Además, estarán habilitadas a desarrollar negocios complementarios, como paradores, estaciones de servicio, confiterías, hoteles, lavaderos, farmacias, cajeros automáticos y depósitos fiscales.
La privatización de rutas nacionales forma parte de la estrategia del Gobierno para reducir la participación directa del Estado en la obra pública y transferir al sector privado el financiamiento, mantenimiento y explotación de corredores estratégicos.
Desde una mirada económica, el esquema apunta a sostener inversiones viales sin aumentar el gasto público directo. Pero también abre una discusión sensible para usuarios, transportistas y economías regionales: el costo de los peajes y su impacto sobre logística, producción y consumo.
El resultado de esta licitación será clave para medir el interés real de las constructoras en el nuevo modelo de concesiones. También servirá como señal para futuras rondas de privatización de infraestructura bajo la administración de Javier Milei.
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