Mundo. Evo Morales fue declarado en rebeldía y la Fiscalía lanzó una orden de captura en su contra

La Justicia de Bolivia declaró en rebeldía al expresidente Evo Morales y ordenó su captura luego de que el exmandatario no se presentara a la audiencia inaugural del juicio oral en el que está acusado por el presunto delito de trata agravada de personas. La resolución fue adoptada por el juez boliviano Carlos Oblitas, en el marco de una causa que investiga una presunta relación con una menor de edad durante el período en que Morales ejercía la presidencia del país.

El proceso judicial se desarrolla en el departamento de Tarija y representa uno de los episodios de mayor tensión política y judicial alrededor del exmandatario boliviano. La audiencia oral estaba pautada para este lunes, pero la ausencia de Morales derivó en la decisión judicial de declararlo en rebeldía y activar una orden de aprehensión en su contra.

Según la investigación impulsada por el Ministerio Público de Bolivia, el caso está vinculado con una presunta relación que Morales habría mantenido con una adolescente de 15 años y que, de acuerdo con la acusación, derivó en el nacimiento de una hija en 2016. La Fiscalía sostiene que existen más de 170 pruebas que respaldan la acusación formal contra el exjefe de Estado.

El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, aseguró que el Ministerio Público reunió una "base sólida" para sostener la acusación por trata agravada. Desde el ámbito judicial boliviano señalaron que se cumplieron las formalidades necesarias para avanzar con la apertura del juicio oral pese a la ausencia del exmandatario.

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La defensa de Morales justificó la inasistencia argumentando presuntas irregularidades en las notificaciones judiciales. Su abogado, Wilfredo Chávez, calificó el expediente como una "persecución política" y sostuvo que el tribunal no respeta estándares internacionales en materia penal.

Mientras avanza la causa, Evo Morales permanece en la región del Chapare, uno de sus principales bastiones políticos y sindicales, bajo la protección de sus seguidores. Distintos intentos previos de detención no pudieron concretarse debido a bloqueos y medidas de resguardo impulsadas por sectores afines al exmandatario.

El expresidente no asistió a la audiencia del juicio oral por presunta trata agravada.

La situación judicial volvió a profundizar la disputa política entre Morales y el actual escenario de poder en Bolivia. El exmandatario sostiene que existe una estrategia orientada a impedir su participación política y denunció una maniobra de proscripción en su contra. En una publicación realizada en su cuenta de X, Morales afirmó: "No busco la impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren - con pruebas legales y reales - los presuntos delitos que cometí".

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En paralelo, la presunta víctima presentó recientemente un escrito ante el Juzgado contra la Violencia hacia las Mujeres solicitando la anulación del juicio. En el documento aseguró que no existió explotación ni delito y expresó: "no es víctima, no existió hecho como tampoco existió explotación". Sin embargo, las autoridades judiciales aclararon que cualquier planteo de desistimiento debe analizarse dentro de las instancias correspondientes del juicio oral.

El caso judicial contra Morales había sido archivado años atrás, pero posteriormente fue reabierto en medio de las crecientes tensiones políticas internas dentro del oficialismo boliviano y del enfrentamiento entre distintos sectores del Movimiento al Socialismo.

La orden de captura contra el expresidente se conoció además en un contexto de fuerte polarización política en Bolivia y de cuestionamientos cruzados sobre el funcionamiento del sistema judicial. Morales insiste en que el proceso responde a una operación de "lawfare", mientras que desde la Fiscalía aseguran contar con elementos suficientes para sostener la acusación durante el juicio oral.